PolíticaAusteridad real
Los diputados Hugo Joel Meza y Raúl Benítez explicaron este martes los alcances de la iniciativa denominada "recorte responsable", que busca ajustar los gastos del Congreso y otras instituciones públicas, enviando una señal de austeridad a la ciudadanía. La iniciativa será puesta a consideración de la sesión ordinaria de la fecha.
Según Meza, el proyecto tiene un alcance más amplio en comparación con la iniciativa del presidente del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, al incluir la eliminación de bonificaciones para altos cargos jerárquicos y beneficios que generan rechazo ciudadano. "Es un proyecto mucho más amplio, mucho más responsable, que busca enviar un mensaje fuerte de austeridad y de ajustarnos los cinturones", afirmó.
Benítez detalló que la propuesta establece topes salariales para cargos como gerentes de entidades públicas, por ejemplo del Instituto de Previsión Social (IPS), que no podrán superar los ingresos del presidente de la República, tal como se hizo durante la pandemia. Además, se eliminarán beneficios considerados excesivos o innecesarios para las máximas autoridades, como seguros médicos privados, provisión de combustible, alimentación, obsequios, arreglos florales, tarjetas y gastos protocolares, exceptuando servicios críticos como el catering en hospitales.
La iniciativa también limita la publicidad institucional en medios de comunicación, permitiendo únicamente campañas de emergencia nacional, como vacunación o alertas sanitarias, y prohíbe el uso de fondos públicos para publicitar políticamente a funcionarios responsables de obras o proyectos. Asimismo, suprime remuneraciones adicionales vinculadas a presentismo u otros complementos salariales que no estén debidamente justificados.
Meza indicó que el ahorro estimado por estas medidas rondaría los 8 millones de dólares mensuales, un ajuste significativo en el gasto estatal, y enfatizó que el proyecto representa apenas el inicio de un proceso más amplio de recorte responsable. "El ciudadano hoy nos interpela a enviar un mensaje poderoso de mayor ajuste y empatía", expresó.
Benítez agregó que mientras la ley esté vigente, los rubros recortados no podrán incluirse en el presupuesto general de gastos de 2026 ni en la propuesta del próximo año, asegurando un impacto duradero.
El proyecto surge en un contexto de "economía de guerra", en el que los legisladores consideran que tanto el Poder Ejecutivo, como el Legislativo y el Judicial, deben aplicar medidas de austeridad y garantizar un uso eficiente de los recursos públicos, en respuesta al creciente reclamo ciudadano por transparencia y responsabilidad fiscal.
