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¿Economía de guerra?: Bachi eleva su salario a más de G. 63 millones

La planilla oficial de la Cámara de Senadores correspondiente a febrero de 2026 revela que el presidente del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez Giménez, percibe una remuneración total de G. 63.302.850 mensuales, una cifra que vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los recursos públicos en la cúpula legislativa .

20 Marzo de 2026
20 Marzo de 2026
Basilio Bachi Núñez.
Basilio Bachi Núñez. Gentileza.

 

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El dato cobra mayor dimensión al compararlo con la dieta base de un senador, que ronda entre G. 32 millones y G. 42 millones mensuales. Esto implica que el titular del Senado estaría percibiendo alrededor de G. 21 millones adicionales por encima de ese piso, monto que coincide con el incremento señalado en distintas denuncias públicas.

La diferencia no es menor. Representa un aumento cercano al 50% sobre el ingreso base, alcanzado a través de bonificaciones y otros conceptos que integran la remuneración total. Este tipo de asignaciones se encuentran dentro de las facultades administrativas de la presidencia del Senado, cargo que actualmente ocupa el propio Núñez en su rol de ordenador de gastos.

Ese punto es el que concentra las críticas. El hecho de que quien administra los recursos institucionales pueda autorizar o estructurar beneficios que impactan directamente en su propio ingreso abre cuestionamientos sobre la transparencia y los límites del uso discrecional de fondos públicos.

El caso se instala además en un momento de fuerte debate sobre el gasto estatal, marcado por reformas estructurales y discursos oficiales que apelan a la austeridad. En ese contexto, la brecha entre el salario base de un legislador y el monto final percibido por la máxima autoridad del Senado profundiza la discusión sobre privilegios dentro del aparato público.

La documentación oficial confirma el monto total percibido, pero deja abierta la interrogante sobre los mecanismos específicos que permitieron alcanzar ese nivel de ingresos, en un esquema que, una vez más, expone la distancia entre las decisiones internas del poder político y la realidad económica del resto del funcionariado estatal.

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