Diputados definen hoy futuro de leyes clave de transparencia en Paraguay
Este tema figura como el tercer punto en el orden del día de la sesión ordinaria prevista para las 09:00, en una jornada que podría marcar un antes y un después para las políticas de transparencia en el país. La iniciativa ya pasó por el Senado, donde fue modificada en un intento de mitigar los efectos negativos sobre las leyes vigentes que consagran el derecho al acceso a datos sobre la gestión pública.
Sin embargo, en su redacción original, aprobada previamente por la propia Cámara de Diputados, el texto incorporaba disposiciones que directamente colisionaban con normativas fundamentales como la Ley 5189/2014 —que obliga a publicar información sobre sueldos y beneficios de los funcionarios públicos— y la Ley 5282 de libre acceso a la información pública y transparencia gubernamental.
Uno de los artículos más polémicos es el 24, introducido en la versión del Senado. Este establece que, en caso de solicitar información sobre empleados públicos, la respuesta podría ser denegada si no existe consentimiento previo del involucrado. Esta condición pone en jaque el principio de acceso libre a los datos sobre el uso de recursos estatales y podría vaciar de contenido las herramientas legales que permitieron revelar cientos de casos de nepotismo y contratos irregulares vinculados a altas esferas del poder, incluyendo al propio presidente Santiago Peña.
Aunque la versión del Senado es considerada menos dañina, no deja de representar un retroceso. Esta plantea que una futura Agencia de Protección de Datos Personales sea la encargada de validar las solicitudes de acceso a información pública, abriendo la puerta a demoras, rechazos burocráticos y discrecionalidad administrativa.
La paradoja es que quienes hoy tienen en sus manos la posibilidad de sepultar las leyes de transparencia son los mismos diputados del movimiento que suele exhibirlas como conquistas del expresidente Horacio Cartes.
Para que la Cámara Baja ratifique su versión original, se necesitan al menos 41 votos. Si eso ocurre, el texto volverá al Senado, que tendrá dos opciones: insistir con su propia versión —también con mayoría absoluta de 23 votos— o dejar firme la de Diputados, que sería remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación o eventual veto.