PolíticaJuez y parte
La discusión sobre la Caja Parlamentaria aparece como un anticipo político del debate más amplio que se dará luego sobre la Caja Fiscal. Aunque existe una iniciativa que plantea la eliminación total del sistema jubilatorio de los legisladores, la mayoría de los diputados se inclina por introducir cambios antes que suprimirlo, principalmente por el costo que tendría para las finanzas públicas. Actualmente, el régimen cuenta con 212 jubilados que representan un desembolso mensual superior a los G. 2.500 millones.
El presidente de la Comisión Permanente, Colym Soroka, se manifestó a favor de terminar con lo que considera un esquema de privilegios, proponiendo que los beneficiarios cobren únicamente hasta completar el monto de sus aportes. Sin embargo, esa alternativa es considerada inviable por varios legisladores debido a la irretroactividad de la ley y a los derechos ya adquiridos por los jubilados.
Desde otra postura, la diputada Rocío Vallejo advirtió que una eliminación abrupta de la Caja Parlamentaria podría generar un efecto negativo sobre la Caja Fiscal, ya que implicaría trasladar una carga adicional al sistema general. Según explicó, el régimen parlamentario tiene una erogación anual cercana a los G. 33.000 millones y se sostiene, en parte, con los aportes mensuales de los propios legisladores y con los ingresos financieros que genera el fondo.
En contrapartida, el diputado Raúl Benítez insiste en que la única salida real es la eliminación del sistema, al considerar que su colapso es inevitable y que, tarde o temprano, el costo terminará siendo absorbido por la ciudadanía. Sostiene además que los parlamentarios no deberían acceder a un esquema jubilatorio especial, ya que no son funcionarios públicos sino representantes electos.
Dentro del oficialismo también existen matices. El diputado Daniel Centurión se mostró abierto a una reforma que aumente los años de aporte y establezca una base mínima de jubilación, con el objetivo de lograr mayor equidad y evitar que el régimen requiera recursos del presupuesto público. No obstante, advirtió que, si esa ecuación no resulta sostenible, acompañará la eliminación. En la misma línea, Mauricio Espínola se pronunció directamente a favor de cerrar la Caja Parlamentaria antes que modificarla.
Otros legisladores, como Hugo Meza y Jorge Ávalos Mariño, coinciden en que la supresión del sistema podría ser más perjudicial para los contribuyentes y sostienen que el camino menos riesgoso es una reforma que limite los privilegios sin generar un impacto inmediato sobre las cuentas del Estado.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, junto al presidente en ejercicio, Pedro Alliana, aseguró que habrá cuórum para la sesión y que el objetivo es avanzar hacia un esquema en el que la Caja Parlamentaria deje de recibir aportes estatales y funcione exclusivamente con recursos privados.
En paralelo al debate legislativo, se desplegó un fuerte operativo de seguridad en los alrededores del Congreso ante las manifestaciones anunciadas por organizaciones sociales y gremios que rechazan la reforma de la Caja Fiscal. Las protestas partirán desde la Plaza Uruguaya y se prevén cortes de calles y restricciones de estacionamiento en la zona.
Desde la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados, su presidenta Cristina Villalba adelantó que la reforma que se analizará finalmente no incluirá a los funcionarios del Congreso, quienes quedarán fuera del régimen parlamentario. La legisladora señaló que el dictamen será emitido horas antes de la sesión, con modificaciones al proyecto original presentado el año pasado.
Según los datos oficiales, el salario promedio de un jubilado vip ronda los G. 26 millones, mientras que el Presupuesto General de la Nación 2026 prevé más de G. 4.000 millones en aportes estatales para sostener la Caja Parlamentaria. El debate de este jueves no solo definirá el futuro de ese sistema, sino que también marcará el clima político con el que se discutirá, pocas horas después, la reforma de la Caja Fiscal que afecta al resto del sector público.
