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El encuentro se dio a pocas horas de que la Cámara Baja analice la iniciativa, prevista para este jueves en sesión extraordinaria, en un contexto marcado por anuncios de movilizaciones y protestas de gremios que rechazan varios puntos del plan oficial. Alliana señaló que el Gobierno está dispuesto a ajustar el texto original para alcanzar un entendimiento político que permita avanzar sin dilaciones excesivas.
Según explicó ante la prensa, las conversaciones incluyeron contactos con el ministro de Economía y apuntan a consensuar un punto intermedio. La idea, afirmó, es introducir cambios que hagan viable la reforma sin necesidad de postergar indefinidamente su estudio, pero contemplando reclamos de los sectores más sensibles.
Respecto a las protestas anunciadas, el vicepresidente sostuvo que se respetará el derecho a manifestarse y que el Estado garantizará la seguridad, tanto de los manifestantes como del resto de la ciudadanía. En ese sentido, remarcó que la discusión debe considerar también a la mayoría de la población que no forma parte del sistema jubilatorio del sector público.
Alliana insistió en que la reforma es necesaria para asegurar la sostenibilidad del sistema y evitar que el déficit siga creciendo. Indicó que el planteamiento oficial busca evitar un ajuste abrupto y permitir que los cambios se implementen de manera progresiva, con posibilidad de correcciones a lo largo del tiempo, aunque advirtió que las modificaciones tampoco pueden ser meramente simbólicas debido a la magnitud del problema.
El proyecto se apoya en un informe actuarial que proyecta una reducción significativa del déficit del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, con un ahorro promedio estimado en más de 500 millones de dólares anuales para el Tesoro a partir de 2027. Entre las medidas previstas figuran la fijación de una edad mínima de jubilación para sectores que actualmente no la tienen, el aumento del aporte total y la unificación del período de cálculo de los haberes.
Sin embargo, estas propuestas generan fuerte resistencia. Representantes de sectores especiales como docentes, policías y militares ya expresaron su rechazo a la edad mínima planteada y reclamaron mayor participación del Estado en el financiamiento, además de mesas de trabajo específicas para revisar las condiciones del proyecto.
Mientras el oficialismo intenta cerrar acuerdos contrarreloj, el debate sobre la Caja Fiscal se instala como uno de los temas más sensibles de la agenda legislativa, con un clima social caldeado y un resultado aún incierto en la Cámara de Diputados.
