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La convocatoria fija el inicio del debate sobre la caja parlamentaria a las 8:30 y deja para las 10:00 el análisis del sistema previsional del sector público en general.
El proyecto que será puesto a consideración modifica la ley vigente del fondo jubilatorio de legisladores y propone cambios de fondo en su funcionamiento. Entre los puntos centrales figura la incorporación de funcionarios legislativos al sistema y el traslado de los gastos administrativos y de personal al Presupuesto General de la Nación, una decisión que ya genera fuertes cuestionamientos desde la oposición.
La iniciativa fue presentada el año pasado por los diputados Juan Maciel y Domingo Adorno y aparece como la alternativa con mayor respaldo dentro del oficialismo. En paralelo, existe otro proyecto impulsado por el opositor Raúl Benítez que plantea directamente la eliminación total de la Caja Parlamentaria y la devolución de los aportes, pero esa propuesta no tendría los votos suficientes para prosperar.
Benítez criticó con dureza la reforma que se pretende aprobar y advirtió que, lejos de eliminar privilegios, terminará consolidando un esquema sostenido por recursos públicos. Sostuvo que la incorporación de funcionarios y el financiamiento estatal de la administración de la caja implican trasladar nuevamente el costo al contribuyente. Para el legislador, se trata de una maniobra que mantiene beneficios exclusivos y contradice el discurso de ajuste que se exige al resto de los trabajadores.
El texto del proyecto establece de manera expresa que los gastos de personal y de administración serán cubiertos con fondos públicos, separados de los aportes jubilatorios. Este punto fue uno de los más cuestionados, ya que refuerza la crítica de que el sistema no sería completamente autosustentable. Pese a ello, la presidenta del Fondo de Jubilaciones del Legislativo, Blanca Lila Mignarro, se mostró de acuerdo con los cambios propuestos.
Desde el oficialismo, el vicepresidente primero de Diputados, Hugo Meza, defendió el tratamiento de la reforma como un gesto político previo al debate de la Caja Fiscal que también está previsto para mañana. Aseguró que la intención es eliminar definitivamente el aporte estatal directo y transformar la caja en un sistema financiado exclusivamente por los propios legisladores y jubilados, mediante el aumento de los porcentajes de aporte y la elevación de la edad mínima de jubilación. También se plantea que el acceso al beneficio sea recién después de tres periodos parlamentarios.
Meza rechazó la propuesta de eliminar completamente la Caja Parlamentaria y argumentó que esa salida sería más costosa para la ciudadanía, al tratarse de derechos adquiridos que igualmente deberían ser cubiertos. Según explicó, la caja concentra compromisos millonarios y su disolución implicaría una carga directa para el Estado.
El debate también expuso diferencias internas dentro del oficialismo. El presidente de la Comisión Permanente, Colym Soroka, reiteró su postura a favor de eliminar la jubilación vip y cuestionó tanto la caja parlamentaria como el régimen jubilatorio de los ministros de la Corte Suprema. Sostuvo que ninguna caja se sostiene sin respaldo estatal y planteó que el sistema previsional debe definirse de una vez, ya sea con la integración al IPS o con el cierre de los regímenes especiales.
Soroka insistió en que, al momento de una eventual eliminación, debe analizarse caso por caso cuánto aportó y cuánto ya percibió cada jubilado. A su criterio, quienes ya recuperaron el total de sus aportes no tendrían más reclamos que hacer al Estado. También apuntó contra los elevados beneficios en el Poder Judicial, a los que calificó de escandalosos.
Desde el Senado, la colorada Blanca Ovelar propuso abrir un debate más amplio y avanzar hacia un sistema previsional unificado que incluya tanto al sector público como al privado. Consideró que una comisión nacional debería estudiar el esquema completo y evitar la coexistencia de cajas deficitarias con otras privilegiadas. Según datos actuariales mencionados por la legisladora, la caja parlamentaria sería sostenible solo por algunos años más, apoyada principalmente en intereses generados por préstamos.
En la misma línea, el senador Silvio Beto Ovelar reconoció que la jubilación parlamentaria es vista por la ciudadanía como una de las más privilegiadas y afirmó que, para tener legitimidad al impulsar reformas en otras cajas, el Legislativo debe comenzar por la suya. Dijo desconocer por qué existía hasta ahora un aporte estatal, pero aseguró que la intención es eliminar cualquier respaldo público.
Con este escenario, la sesión extraordinaria prevista para mañana jueves aparece como una prueba política clave. El resultado del debate sobre la jubilación vip no solo marcará el tono del tratamiento posterior de la Caja Fiscal, sino que también pondrá a prueba el discurso de equidad y sacrificio que el propio Congreso exige al resto de la población.
