Congreso sanciona reforma del transporte público y avanza al Ejecutivo en medio de amenaza de paro
Con esta decisión, la iniciativa quedó oficialmente remitida al presidente Santiago Peña, quien ahora deberá optar por su promulgación o por el veto, total o parcial. Todo esto ocurre bajo un clima de alta tensión, marcado por el anuncio de una huelga de choferes prevista para los días 16 y 17 de diciembre.
La normativa redefine la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica disposiciones centrales de la Ley N° 1590/2000, que rige el Sistema Nacional de Transporte y dio origen a la Dinatran y a la Secretaría Metropolitana de Transporte. Según el texto aprobado, se busca reorganizar el control y la supervisión del servicio metropolitano, aunque los sectores sindicales consideran que varios artículos afectan directamente derechos laborales adquiridos.
Durante la sesión, los senadores resolvieron aceptar la versión proveniente de Diputados, especialmente en artículos sensibles como el 20 y el 39, que fueron duramente cuestionados por los gremios de transportistas. Estos puntos son precisamente los que motivan la amenaza de paralización, con la exigencia de un veto parcial por parte del Ejecutivo.
El debate estuvo marcado por fuertes cruces de posiciones. El senador Beto Ovelar, como presidente de la Comisión de Hacienda, defendió el dictamen favorable a los cambios introducidos por Diputados, mientras que desde la minoría se insistía en ratificar la versión original del Senado. Derlis Maidana, titular de la Comisión de Legislación, presentó el dictamen conjunto que recomendó aceptar casi la totalidad de las modificaciones, salvo un punto específico vinculado al artículo 108.
En la misma línea, Ramón Retamozo sostuvo que el plazo de prescripción de dos años previsto en ese artículo se ajusta a las normativas vigentes y justificó su respaldo a la versión de Diputados. A su vez, Javier Zacarías Irún confirmó el apoyo total de la Comisión de Asuntos Constitucionales al mensaje remitido desde el Ejecutivo.
Desde la vereda opuesta, el senador Líder Amarilla fue categórico al señalar que la nueva ley no generará cambios reales en la crisis del transporte. Celeste Amarilla, por su parte, cuestionó duramente la reducción de los plazos de prescripción y advirtió sobre las consecuencias legales de modificar artículos clave. Rafael Filizzola fue aún más crítico al afirmar que el problema del transporte no es normativo, sino político, y apuntó directamente contra los empresarios del sector, a quienes acusó de ineficiencia y de aprovecharse históricamente de sus vínculos con el poder.
En ese mismo sentido, la senadora Yolanda Paredes anunció su abstención, argumentando que tanto el proyecto original como el modificado carecen de la capacidad real para resolver los problemas estructurales que sufre el sistema de transporte público.
Mientras el proyecto avanza hacia el despacho presidencial, los usuarios continúan padeciendo largas esperas en las paradas, unidades abarrotadas y frecuencias insuficientes. En paralelo, los choferes mantienen firme la amenaza de ir a la huelga en menos de una semana, lo que podría paralizar gran parte del servicio en plena antesala de las fiestas de fin de año y profundizar aún más el malestar social en torno a un servicio que hace años se encuentra en crisis.