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Con la reforma de la Caja Fiscal postergada hasta marzo, el presidente del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, anunció que la Cámara de Senadores priorizará el tratamiento de la modificación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones para Miembros del Poder Legislativo. La decisión reconfigura la agenda parlamentaria y reabre el debate sobre un régimen que, pese a cambios recientes aprobados en Diputados, sigue siendo cuestionado por mantener beneficios considerados VIP.
El anuncio de Núñez se produce en un contexto político sensible. La discusión sobre la reforma de la Caja Fiscal —que afecta a miles de funcionarios públicos— quedó diferida para el próximo mes, lo que generó críticas y reclamos de sectores afectados. En ese escenario, el titular del Congreso planteó avanzar con el estudio de la caja parlamentaria, argumentando que el tema no puede seguir pendiente y que debe resolverse con criterios técnicos y responsabilidad institucional.
Qué pasó en Diputados
La Cámara de Diputados otorgó media sanción a un proyecto que introduce modificaciones en el régimen jubilatorio de los legisladores. Entre los principales cambios aprobados se encuentran el aumento del aporte de los parlamentarios activos y jubilados, ajustes en la edad mínima de retiro y modificaciones en el esquema de pensiones.
El texto aprobado establece que los legisladores podrán acceder a la jubilación ordinaria con 15 años de aporte y 60 años de edad, mientras que la jubilación extraordinaria se mantiene con 10 años de aporte y 55 años de edad. Además, se eleva el porcentaje de aporte de los activos del 22% al 24%, y el de los jubilados del 11% al 14%. También se elimina la pensión para hijos, aunque se mantiene el beneficio para cónyuges.
Sin embargo, la oposición sostuvo que estos cambios no alteran la esencia del régimen especial. Para varios legisladores críticos, el proyecto no elimina los privilegios estructurales del sistema, sino que introduce ajustes que "maquillan" la caja sin equipararla a los parámetros exigidos en otros regímenes previsionales.
Críticas por privilegios y desigualdad
El punto más controvertido sigue siendo el monto de las jubilaciones. Con las reglas vigentes, la jubilación ordinaria ronda los 26 millones de guaraníes mensuales, mientras que la extraordinaria supera los 18 millones. Estos montos contrastan con los beneficios promedio del resto del sector público y alimentan la percepción de desigualdad.
Para los sectores críticos, avanzar con la caja parlamentaria mientras la reforma de la Caja Fiscal se posterga envía una señal política equivocada. Argumentan que el Congreso estaría priorizando su propio régimen antes que el de miles de funcionarios que enfrentan cambios más restrictivos y mayores exigencias de aporte y edad.
El nuevo escenario en el Senado
Basilio Núñez manifestó que el Senado debe analizar el proyecto con seriedad y sin dilaciones, y que la intención es otorgarle tratamiento prioritario en las próximas sesiones. La Cámara Alta tendrá ahora la posibilidad de aprobar el texto tal como viene de Diputados, introducir modificaciones o incluso rechazarlo.
El debate se da en medio de una creciente presión ciudadana sobre los sistemas jubilatorios especiales. Mientras el discurso oficial habla de sostenibilidad y equilibrio financiero, la existencia de regímenes diferenciados sigue siendo foco de cuestionamientos.
La decisión del Senado marcará el rumbo final de la reforma. Si se ratifica el texto aprobado en Diputados, la caja parlamentaria mantendrá un esquema que, aunque con ajustes en aportes y condiciones, continúa siendo considerado por amplios sectores como un sistema de jubilación privilegiado. Si se introducen cambios de fondo, el Congreso enviará una señal distinta en un momento en que la discusión previsional ocupa el centro de la agenda política nacional.
