Caso Rivas, "la punta del iceberg": Plantean investigar masiva emisión de títulos irregulares
La parlamentaria sostuvo que el caso que sacude actualmente al Congreso no sería un hecho aislado, sino apenas una muestra de un problema mucho más amplio dentro del sistema educativo y profesional.
Según explicó, la iniciativa apunta a abrir una investigación de alcance mayor que permita determinar responsabilidades y dimensionar la magnitud de la supuesta red. En ese sentido, advirtió que existen indicios de que miles de certificados académicos podrían haber sido emitidos sin cumplir con los requisitos legales, lo que pone en entredicho la credibilidad de las instituciones involucradas y del propio Estado.
Martínez fue crítica con la forma en que se manejó la situación en torno a Rivas dentro del Senado, cuestionando que se haya optado por salidas temporales en lugar de abordar el fondo del problema. Afirmó que no se puede resolver una crisis de esta naturaleza con medidas que, a su criterio, solo buscan descomprimir el escándalo sin asumir responsabilidades.
En sus declaraciones, la legisladora también comparó este caso con otros esquemas irregulares detectados en el pasado, señalando que podría tratarse de una estructura organizada que habría operado durante años para lucrar con la emisión de títulos sin validez real. En ese marco, hizo referencia a denuncias que apuntan a una universidad privada como posible epicentro del esquema, con una cifra que rondaría los 2.500 títulos bajo sospecha.
La eventual comisión, según adelantó, no se limitaría a analizar situaciones individuales, sino que tendría como objetivo auditar de manera integral todos los documentos señalados, con la intención de desarticular cualquier red que haya operado al margen de la ley. Asimismo, llamó a sus colegas a acompañar la iniciativa y a no convertirse en cómplices de un problema que, afirmó, afecta directamente la confianza ciudadana.
El planteamiento se da en medio de un clima político tenso, donde el caso Rivas continúa generando repercusiones tanto dentro como fuera del Congreso, y abre un nuevo frente de discusión sobre los controles en el sistema educativo, la responsabilidad institucional y las consecuencias de eventuales irregularidades que podrían haber beneficiado a cientos de personas.