Cartismo impulsa ampliar el poder de la Contraloría
La iniciativa fue impulsada por el presidente del Senado, Basilio "Bachi" Núñez, y el líder de la bancada oficialista, Natalicio Chase, quienes proponen modificar la Ley N.º 5189/2014 con el argumento de que las multas previstas para quienes no publican información sobre salarios y planillas de funcionarios prácticamente no se aplican.
El proyecto pretende dotar a la Contraloría de mecanismos más efectivos para exigir el cumplimiento de esas sanciones. Entre los principales cambios, establece que las resoluciones que impongan multas tendrán fuerza ejecutiva, permitiendo al ente iniciar acciones judiciales para reclamar el pago sin mayores trámites. Además, habilita la firma de convenios con el Ministerio de Economía y Finanzas para facilitar el cobro de las sanciones económicas.
La propuesta también deja expresamente establecido que la responsabilidad por el incumplimiento recaerá sobre los titulares de cada organismo o entidad pública obligada a divulgar la información establecida por la legislación vigente.
Los impulsores sostienen que, aunque la ley contempla multas que superan los G. 21 millones para quienes incumplen las obligaciones de transparencia, en la práctica esas penalidades no llegan a ejecutarse, lo que resta eficacia a la normativa.
Sin embargo, el proyecto aparece en un escenario político marcado por fuertes cuestionamientos al papel desempeñado por el actual contralor, Camilo Benítez. Desde sectores de la oposición se insiste en que la institución perdió autonomía y actúa con criterios políticos, ejerciendo presión sobre determinados actores mientras evita investigar con la misma firmeza a sectores cercanos al oficialismo.
Las críticas también recuerdan que el cartismo respaldó iniciativas que permiten a numerosas municipalidades presentar sus rendiciones de cuentas directamente ante el Tribunal de Cuentas, evitando el control de la Contraloría. Ese antecedente alimenta las dudas sobre la conveniencia de otorgar mayores facultades al organismo sin discutir previamente garantías de independencia institucional.
La iniciativa legislativa fue presentada semanas atrás y actualmente se encuentra pendiente de análisis en varias comisiones del Senado, donde deberá debatirse si las nuevas herramientas propuestas contribuirán realmente a fortalecer la transparencia o si podrían convertirse en un instrumento susceptible de utilización con fines políticos.