Cardenal insta a convertir la Constitución en una realidad y cuestiona el incumplimiento de derechos
Durante la ceremonia, en la que fueron ordenados diez nuevos diáconos permanentes, el arzobispo de Asunción sostuvo que el verdadero desafío del país consiste en garantizar que los derechos constitucionales sean efectivos, especialmente para los sectores más vulnerables. En ese sentido, afirmó que no basta con reconocer esos derechos en los textos legales si en la práctica continúan siendo ignorados.
El purpurado puso como ejemplo la situación de los pueblos indígenas y recordó que la propia Constitución reconoce su derecho a la propiedad comunitaria de la tierra en condiciones adecuadas para preservar su cultura y su modo de vida. Sin embargo, advirtió que esa garantía sigue sin materializarse plenamente, por lo que instó a reflexionar sobre cuánto se respeta realmente tanto la letra como el espíritu de la Carta Magna.
Martínez también alertó sobre el riesgo de que intereses particulares, económicos o sectoriales terminen desplazando los principios constitucionales, situación que —según expresó— debilita el compromiso del Estado con la igualdad y la justicia.
Asimismo, remarcó que un auténtico Estado de Derecho obliga tanto a las autoridades como a los ciudadanos a someterse por igual a la Constitución y a las leyes, subrayando que la función de quienes ejercen el poder no es administrar los derechos según conveniencias, sino protegerlos y garantizarlos sin excepciones.
El cardenal advirtió además que la aplicación selectiva de las normas termina erosionando la credibilidad de las instituciones y afecta la esencia misma del sistema democrático, ya que la ley debe regir con los mismos criterios para todos.
En otra parte de su reflexión, sostuvo que la Constitución no puede convertirse en un instrumento para sostener privilegios o profundizar desigualdades. Por el contrario, indicó que debe servir para asegurar que la libertad, la igualdad, la justicia y el bienestar alcancen efectivamente a toda la población, con especial atención hacia quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.
La conmemoración de un nuevo aniversario de la Constitución de 1992 también reavivó el debate sobre su vigencia y los desafíos para hacer cumplir plenamente los derechos que consagra. Diversos referentes sostienen que, pese a las presiones políticas registradas a lo largo de los años, la Carta Magna continúa siendo uno de los principales pilares del sistema democrático paraguayo y una garantía frente a eventuales intentos de concentración de poder.
