PolíticaEconomía de guerra
Desde Mburuvicha Róga, Giménez defendió la política oficial señalando que el Ejecutivo se encuentra enfocado en aplicar la normativa vigente, que establece reglas más estrictas sobre la estructura de cargos y remuneraciones dentro del Estado. Según explicó, las bonificaciones responden a niveles de responsabilidad y al manejo de recursos públicos, en el marco de una legislación que, además, busca profesionalizar el acceso a la función pública mediante evaluaciones.
Sin embargo, sus declaraciones se dan en un escenario marcado por cuestionamientos debido a incrementos significativos en los ingresos de algunos ministros, quienes pasaron de percibir alrededor de G. 25 millones a superar los G. 31 millones mensuales gracias a adicionales por "responsabilidad". Entre los beneficiados aparecen figuras del gabinete presidencial, mientras que otros titulares de instituciones quedaron fuera de este esquema, generando críticas por un reparto desigual de los beneficios dentro del propio Ejecutivo.
El jefe de Gabinete insistió en que, pese a estos aumentos, existe una directiva clara de recorte. Sostuvo que cada ministerio deberá reorganizar sus recursos y adaptarse a un escenario de menor disponibilidad financiera, en línea con el plan impulsado por el Ministerio de Economía. En ese sentido, remarcó que la consigna es "hacer más con menos", apelando a la eficiencia en la gestión pública.
Para ilustrar el ajuste, mencionó que incluso carteras con presupuestos multimillonarios deberán operar con menos recursos de los inicialmente previstos, debido a una caída en los ingresos fiscales vinculada, entre otros factores, a la variación del tipo de cambio, lo que obliga a una administración más restrictiva del gasto.
A pesar de este discurso, la controversia crece porque el aumento en bonificaciones coincide con el relato oficial de restricción presupuestaria. La situación se vuelve aún más sensible al confirmarse que no todos los ministros acceden a estos adicionales, lo que expone diferencias internas en el tratamiento salarial dentro del gabinete.
El tema se instala así como uno de los principales focos de tensión política, en un momento en que el Gobierno intenta sostener su narrativa de disciplina fiscal, mientras enfrenta cuestionamientos por decisiones que, para amplios sectores, contradicen el llamado a la austeridad.
