Austeridad para el resto, privilegios intactos para ellos
En plena crisis fiscal y después de haber endurecido las reglas jubilatorias para amplios sectores del Estado, la Cámara de Senadores resolvió este miércoles aprobar solo en general una reforma mínima de la Caja Parlamentaria, rechazó la propuesta de liquidarla y volvió a postergar el estudio artículo por artículo, con lo que dejó intactos los beneficios más cuestionados del régimen previsional de diputados y senadores.
La decisión política fue clara. El pleno rechazó eliminar o liquidar la Caja Parlamentaria y, a propuesta del senador Javier Zacarías Irún, cerró el debate para aprobar en general el proyecto con media sanción proveniente de Diputados. El tratamiento en particular quedó diferido para la próxima semana y ambas decisiones se tomaron a mano alzada, por lo que el Senado todavía no cerró la discusión fina del texto, pero ya avaló su orientación general: sostener la caja y avanzar solo con retoques.
El proyecto que sigue en carrera es el mismo que ya había sido fuertemente cuestionado desde febrero por mantener la esencia de la llamada jubilación VIP. La media sanción de Diputados dejó en pie la jubilación extraordinaria para legisladores con 55 años de edad y apenas 120 meses de aporte, es decir 10 años o dos periodos legislativos, con un haber del 60% del promedio de los últimos 120 meses. También mantienen los datos la jubilación ordinaria a los 60 años y con 180 meses de aporte, o sea 15 años, con un cobro equivalente al 80% del promedio de los últimos 180 meses.
Además, el plan aprobado en Diputados y ahora avalado en general por el Senado conserva otras prerrogativas sensibles. El parlamentario que no reúna los requisitos para jubilarse puede retirar el 85% de sus aportes en un solo pago; los legisladores activos aportan el 24% de su dieta y gastos de representación; los jubilados aportan el 11%, porcentaje que sube al 15% para quienes perciban haberes superiores a G. 15 millones. El texto también autoriza a la Caja Parlamentaria a realizar inversiones financieras, incluyendo bonos del Tesoro, certificados de depósito, préstamos a afiliados e incluso emisión de tarjetas de crédito.
El argumento oficial de que ya no habrá respaldo estatal tampoco cerró la discusión. Aunque el proyecto incorpora una cláusula que prohíbe aportes, subsidios, garantías o respaldo financiero del Estado al patrimonio del fondo, mantiene a cargo del Presupuesto General de la Nación los gastos administrativos y de personal de la estructura. Esa sola administración cuesta hoy G. 174 millones mensuales y supera los G. 2.000 millones anuales. A eso se suma otro dato que golpeó el debate: pese a que la ley ya había eliminado el aporte estatal desde 2019, en los últimos tres años se inyectaron alrededor de G. 10.000 millones del Tesoro a la caja parlamentaria.
Las cifras internas de la Caja también refuerzan la idea de que el sistema sigue siendo privilegiado y frágil. Según los datos puestos sobre la mesa en el debate previo y retomados en la discusión de hoy, la Caja de Jubilaciones del Parlamento tiene actualmente 283 jubilados, de los cuales 16 son pensionados, y apenas 125 aportantes activos sosteniendo el sistema. Un estudio actuarial citado en la sesión señala además un déficit de G. 134.608 millones, mientras senadores críticos advirtieron que, con los cambios planteados, apenas se cubriría una fracción de las obligaciones futuras y el fondo terminaría requiriendo rescate.
El choque entre el discurso de austeridad y la preservación de los privilegios fue todavía más visible porque esta discusión se dio luego de la reforma de la Caja Fiscal, ya aprobada este año, que impuso reglas más duras a otros sectores públicos. Esa reforma fijó un aporte estatal del 10% de la remuneración imponible para todos los afiliados; estableció para magisterio, docentes universitarios y magistrados una jubilación ordinaria desde los 53 años con 25 años de aporte y una tasa de sustitución del 78% al 90%; y para policías y militares una edad de 55 años con 25 años de aporte, con tasas del 75% al 90% según edad y años de servicio. Es decir, mientras a otros sectores se les exigieron nuevas condiciones en nombre de la sostenibilidad, el Congreso optó por blindar su propio régimen especial.
Ese contraste fue precisamente uno de los ejes políticos más fuertes del debate. Cuando empezó a discutirse la reforma previsional general, desde el propio oficialismo se había instalado la idea de "dar el ejemplo" revisando primero la caja de los legisladores. Incluso Basilio Núñez llegó a reconocer públicamente que los parlamentarios son "aportantes vips" y que el sistema los coloca por encima del ciudadano común. Sin embargo, la resolución adoptada este miércoles se quedó muy lejos de aquella promesa.
Dentro de la sesión, las posturas quedaron expuestas con crudeza. Ignacio Iramain sostuvo que la Caja Parlamentaria viola principios constitucionales, la calificó de deficitaria y recordó el rojo actuarial multimillonario. Celeste Amarilla propuso liquidarla, no eliminarla, argumentando que existen derechos adquiridos pero que seguir aprobando parches solo les haría ganar tiempo en un sistema "insalvable". Eduardo Nakayama acompañó esa línea y alertó que mantener la versión de Diputados solo profundiza el problema. Yolanda Paredes la definió como un "monumento a la desigualdad" y volvió a cuestionar que el Congreso preserve para sí condiciones que no admite al resto del funcionariado.
Del otro lado, el oficialismo no cerró filas en torno a una reforma severa, sino en defensa de la continuidad del fondo. Óscar Salomón rechazó la idea de eliminar la caja y dijo que el asunto fue politizado, aunque al mismo tiempo admitió que los números actuales no son sostenibles. Mencionó que con 10 años de aporte, en el mejor de los casos, un legislador habría contribuido unos G. 900 millones y aun así puede terminar cobrando alrededor de G. 21 millones mensuales, es decir G. 273 millones al año. También señaló que quien aporta 15 años podría haber sumado unos G. 1.200 millones, pero igualmente acceder a haberes cercanos a G. 30 millones mensuales, algo que, a su criterio, ninguna entidad financiera podría sostener. Pese a eso, su posición no fue liquidar la caja, sino discutir ajustes para quienes aporten más años y, eventualmente, elevar beneficios para los de trayectorias más largas.
Esa contradicción resume buena parte del problema. Muchos senadores reconocen que el sistema es inviable, pero la mayoría no quiso desmantelarlo ni llevarlo a un régimen común. Antes bien, algunas voces del oficialismo habían empujado semanas atrás nuevas variantes para mejorar la situación de quienes más tiempo aportaron, como fijar jubilaciones desde los 15 años y llegar incluso al 100% del salario para quienes acumulen 20 años de aporte o más. El debate, por tanto, no giró solamente en torno a recortar privilegios, sino también a cómo redistribuirlos dentro del propio universo parlamentario.
Otro punto que sigue generando ruido es el régimen de pensiones. La reforma impulsada desde Diputados eliminó a los hijos como herederos, pero mantuvo a viudas y viudos, aunque con una reducción del beneficio del 40% al 25% de la jubilación que percibía el parlamentario fallecido. Aun así, el impacto sigue siendo significativo: de acuerdo con el presupuesto vigente, 73 viudos y viudas de parlamentarios cobrarán este año casi G. 3.700 millones.
En los hechos, lo aprobado no resuelve los cuestionamientos de fondo. El Senado dejó viva una estructura con pocos aportantes, alto costo administrativo, antecedentes de auxilio estatal, posibilidad de retiro de aportes y condiciones jubilatorias muy superiores a las del trabajador público común. La postergación del estudio en particular puede abrir todavía nuevas modificaciones, pero el mensaje político de la jornada ya quedó fijado: la mayoría prefirió no tocar de verdad la jubilación VIP, aun cuando el propio Estado viene exigiendo sacrificios y mayores aportes a casi todos los demás sectores.