Analizan el padrón electoral para impulsar cambios que amplíen la participación ciudadana
La Comisión de Asuntos Electorales de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Arnaldo Valdez, inició un análisis técnico de las últimas cifras del Registro Cívico Permanente (RCP), con el propósito de contar con información actualizada que sirva de base para la elaboración de proyectos de ley orientados a fortalecer la participación ciudadana en los procesos electorales.
De acuerdo con los datos evaluados por la comisión, el Registro Cívico Permanente cuenta actualmente con 5.113.800 ciudadanos habilitados para votar. Los legisladores consideran que un conocimiento detallado de la composición del padrón electoral permitirá diseñar reformas normativas que contribuyan a eliminar barreras y favorezcan una mayor concurrencia a las urnas.
En cuanto a la distribución territorial, el informe señala que el 81,51 % de los ciudadanos registrados reside en zonas urbanas, mientras que el 18,49 % mantiene su domicilio en áreas rurales, un dato considerado relevante para la planificación de políticas públicas vinculadas al acceso al voto.
Respecto a la distribución por género, las estadísticas reflejan un equilibrio a nivel nacional. Los hombres representan el 50,58 % del padrón, con 2.586.646 inscriptos, mientras que las mujeres constituyen el 49,42 %, con 2.527.154 inscriptas. No obstante, esta tendencia cambia en Asunción, donde la participación femenina alcanza el 52,63 % del electorado.
El análisis también pone de relieve la participación de los pueblos indígenas en el proceso democrático. Según el informe, existen 7.544 electores pertenecientes a comunidades originarias incorporados al Registro Cívico Permanente.
Entre las comunidades con mayor cantidad de electores habilitados se encuentran el pueblo Angaite, con 1.144 ciudadanos registrados; la comunidad Ava Guaraní, con 984; y el pueblo Paí Tavyterá, con 849 personas habilitadas.
Para la Comisión de Asuntos Electorales, este diagnóstico permitirá promover iniciativas legislativas con un enfoque de inclusión, contemplando medidas como la asistencia lingüística durante las elecciones, la instalación de mesas de votación accesibles en territorios indígenas y el fortalecimiento de las garantías para el ejercicio pleno de los derechos políticos.
De esta manera, se busca que las futuras reformas contribuyan a una participación electoral más amplia y representativa en todo el país, según señalaron referentes de la comisión.