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Gobierno vs. municipalidades

Imagen ilustrativa. Foto: IP
El reciente enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y las municipalidades del país refleja una creciente tensión en torno a la aplicación de la ley que aumenta los costos de habilitaciones vehiculares. Mientras la Agencia Nacional de Tránsito exige a los municipios implementar la medida de inmediato, las autoridades locales se encuentran bajo presión, intentando equilibrar su autonomía con el bienestar de sus comunidades.
Una ley que no escucha al pueblo
La nueva normativa, promulgada por el presidente Santiago Peña, unifica los costos de habilitación vehicular bajo el argumento de prevenir siniestros viales. Sin embargo, en la práctica, ha generado indignación y preocupación entre los trabajadores, quienes dependen de sus vehículos para su sustento diario. En un contexto económico marcado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, esta medida representa una carga adicional para miles de familias en todo el país.
El intendente de Ñemby, Tomás Olmedo, se ha convertido en una voz de resistencia al rechazar la aplicación del incremento. “Entendemos perfectamente la situación económica de nuestra gente. Vamos a mantener las tarifas actuales y defenderemos esta postura hasta el último momento”, afirmó, enfatizando la necesidad de proteger a los ciudadanos en lugar de imponerles mayores costos.
Por otro lado, Guido González, intendente de Lambaré, también expresó su descontento, cuestionando la falta de proporcionalidad de la ley. Según señaló, los vehículos de alta gama pagarán el mismo monto que los de menor valor, lo que perjudica las finanzas municipales y desatiende los principios de equidad tributaria.
Presión centralista vs. autonomía municipal
El comunicado de la ANTSV, que advierte sobre sanciones a las municipalidades que no cumplan con la normativa, ha puesto en jaque el principio de autonomía municipal, garantizado por la Constitución Nacional. Las autoridades locales, obligadas a aplicar un aumento impopular, enfrentan una disyuntiva: cumplir con el mandato del Ejecutivo o priorizar las necesidades de sus comunidades.
“Vamos a respetar la autonomía de los municipios. Esta ley no considera las particularidades de cada ciudad ni la realidad de su población”, declaró Olmedo, quien además aseguró que Ñemby explorará vías legales para proteger a sus habitantes sin transgredir la normativa nacional.
Un golpe al trabajador en tiempos difíciles
La aplicación de esta ley afecta directamente a los trabajadores, especialmente a aquellos que utilizan sus vehículos como herramienta de trabajo, como conductores de transporte público, deliverys, taxistas y pequeños comerciantes. Para estos sectores, el incremento en los costos de habilitación vehicular no solo es una carga económica, sino también una amenaza a su capacidad de generar ingresos.
En un momento en que la ciudadanía enfrenta un panorama económico complicado, el aumento de costos por habilitación vehicular se percibe como una medida que beneficia únicamente a las arcas estatales, mientras deja de lado las verdaderas necesidades del pueblo paraguayo.
¿Un enfrentamiento con consecuencias mayores?
El choque entre el Gobierno Nacional y las municipalidades podría escalar, ya que cada vez más intendentes se suman al rechazo de esta medida. Si bien algunos municipios han comenzado a aplicar la ley, otros están tomando tiempo para evaluar el impacto y buscar alternativas legales.
Este enfrentamiento no solo expone las tensiones entre el Ejecutivo y las autoridades locales, sino que también pone en evidencia la desconexión del oficialismo con la realidad económica del país. En un contexto de crisis, imponer mayores costos a la ciudadanía no es solo impopular, sino también insensible.
El futuro de esta medida aún está en el aire, pero una cosa es clara: la resistencia de los municipios, podría marcar un precedente en la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a decisiones centralistas que no contemplan las necesidades reales del pueblo. Mientras tanto, los paraguayos siguen esperando políticas que alivien sus cargas, en lugar de profundizar sus dificultades.
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16 de enero de 2025 at 07:51
Estuve leyendo y esta agencia tiene como misión en la prevención y el control de los accidentes de tránsito, colaborando con los organismos responsables en la reducción de la tasa de mortalidad y morbilidad. No comprendo cómo aumentar un arancel lograría eso… Considero que se deben ocupar de la educación vial no aumentar costo de tributos y colaborar así con los municipios.