Atropello y copamiento: los cinco hechos que marcaron la arena legislativa en el 2024

El año 2024 estuvo marcado por una intensa agenda legislativa en el Congreso Nacional del Paraguay, donde se tomaron decisiones que impactaron profundamente al país. A lo largo del año, los debates no solo reflejaron las prioridades políticas del oficialismo, sino también los cuestionamientos de la oposición y de amplios sectores de la sociedad civil. Estas decisiones, muchas de ellas altamente controvertidas, desataron protestas, movilizaciones y encendieron el debate público. Aquí se presentan los cinco acontecimientos más polémicos que definieron el año legislativo.

1. Crisis por la contratación masiva de “nepobabies”

A comienzos de 2024, se desató una crisis por la contratación masiva de funcionarios públicos, un fenómeno conocido como “nepobabies”. Este término, que se popularizó rápidamente, alude al favoritismo y nepotismo en los nombramientos, donde hijos, familiares y allegados de políticos ocuparon cargos sin concurso de méritos, generando indignación generalizada.

La polémica se centró en la falta de transparencia en los procesos de selección y el impacto financiero que tendría en un Estado ya sobrecargado por el gasto público. Organizaciones sociales denunciaron que esta práctica compromete la eficiencia del aparato estatal y perpetúa un modelo de clientelismo político, mientras que la oposición exigió investigaciones sobre las irregularidades en los nombramientos.

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2. Destitución de la senadora Kattya González

El 14 de febrero, el Congreso Nacional aprobó la destitución de la senadora Kattya González bajo acusaciones de “uso indebido de influencias”. La legisladora, conocida por sus críticas al cartismo y su lucha contra la corrupción, fue removida en lo que diversos sectores consideran una acción arbitraria y contraria a la Constitución.

La destitución generó un fuerte rechazo de la ciudadanía, con manifestaciones en Asunción y otras ciudades exigiendo su restitución. Analistas políticos señalaron que este acto representa un intento de consolidar el poder del oficialismo, mientras que organizaciones internacionales advirtieron sobre los riesgos para la libertad de expresión y la democracia en Paraguay.

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3. Ley de Control y Transparencia de ONG

En octubre, el Congreso aprobó una controvertida ley que endurece los controles sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG). Presentada como una medida para fomentar la transparencia, la normativa despertó serias preocupaciones por su potencial uso como herramienta de persecución contra la sociedad civil organizada.

Juristas y defensores de derechos humanos alertaron que la ley otorga amplias facultades al Estado para fiscalizar, sancionar e incluso cerrar ONG que no cumplan con los estrictos requisitos establecidos. Desde la oposición, se denunció que el oficialismo busca debilitar a las organizaciones que cuestionan las políticas del gobierno, afectando principalmente a aquellas que trabajan en derechos humanos y lucha contra la corrupción.

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4. Creación del Registro Unificado Nacional (RUN)

El Congreso aprobó el proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), una iniciativa destinada a unificar y modernizar las bases de datos de instituciones clave como Catastro y la Dirección General de los Registros Públicos. Aunque promovido como una solución para facilitar la gestión de información, el proyecto generó amplias críticas por la concentración de poder que otorga a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

La oposición advirtió que esta normativa podría facilitar arbitrariedades, especialmente en la determinación de valores fiscales, y expresó su preocupación por la falta de transparencia en el manejo de los datos unificados. Por su parte, sectores sociales temen que la medida afecte negativamente a pequeños propietarios y comunidades vulnerables.

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5. Reformas al Instituto de Previsión Social (IPS)

Las reformas propuestas al Instituto de Previsión Social (IPS) también estuvieron en el centro de la polémica. Uno de los puntos más criticados fue el aumento del período de referencia para calcular el haber jubilatorio, que pasó de 36 a 120 meses. Esta modificación fue vista como un ataque a los derechos de los jubilados y trabajadores asegurados.

La medida generó masivas protestas por parte de sindicatos, organizaciones de jubilados y ciudadanos que denunciaron que la reforma tendría un impacto negativo en los beneficios. A pesar de la oposición social, el oficialismo defendió los cambios como necesarios para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.

Abuso de poder

Los debates legislativos de 2024 revelaron las profundas divisiones políticas y el creciente descontento ciudadano frente a las decisiones del Congreso Nacional. Desde denuncias de nepotismo y abuso de poder hasta reformas estructurales que afectan a sectores vulnerables, estos hechos reflejan la importancia de la participación ciudadana y la necesidad de una mayor transparencia en la política paraguaya.