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Política

Imputan a funcionario del Congreso y otros implicados en esquema de estafas a colonos menonitas

Allanamiento a una vivienda en Lambaré. Foto: Ministerio Público.

Allanamiento a una vivienda en Lambaré. Foto: Ministerio Público.

El fiscal José Godoy imputó por estafa, asociación criminal y producción de documentos falsos al funcionario del Congreso, Willian Bogarín Campuzano, Ilse Marisela Paredes y José Francisco Ljubetich por el esquema de estafa a colonos de la Colonia Río Verde, quienes prometieron que les conseguirían 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco.

Entretanto, ayer se produjo otro allanamiento de una vivienda, en la ciudad de Lambaré, donde fueron incautadas documentaciones y otras evidencias. Según la denuncia, estas personas habían entregado alrededor de USD 1.600.000 para la compra de tierras en el Chaco.

“Hoy recibimos un oficio comisivo de mandamiento de allanamiento por parte del colega José Godoy, de la ciudad de Santa Rosa del Aguaray; previamente, la fiscal adjunta me asignó para poder gestionar este allanamiento con relación a una causa de estafa a unos colonos menonita relativa, supuestamente de tierras del Indert en la zona del Chaco”, señaló el agente tras el último allanamiento.

En ese contexto, afirmó que se incautaron varias documentaciones, las cuales serán analizadas y valoradas por los que tienen a su cargo esta investigación.

Por otro lado, señaló: “El dueño de la vivienda ya fue detenido en su momento, él está participando también del procedimiento y estamos realizando el inventario de todas las evidencias”.

Conforme a la denuncia, las víctimas refirieron haber sido engañadas en la compra de supuestas 8.000 hectáreas de tierras en la zona del Chaco paraguayo, presuntamente pertenecientes al Indert y que podrían ser adquiridas debido a las influencias políticas que tiene uno de los involucrados. Las supuestas negociaciones empezaron en el año 2017.

Entre otras diligencias se realizaron los cruzamientos de los datos de los documentos asentados en el Indert y detectaron que las tierras no son de su propiedad. Los sospechosos habrían facilitado coordenadas de la ubicación de las tierras y supuestas fotografías de ellas.

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