Seprelad-Gafilat: ¿Quién financió lujoso evento social entre sector público y privado?

En el centro de la polémica se encuentra el reciente Quincuagésimo Pleno de Representantes del Gafilat y un evento social asociado a este, organizado en un restaurante-hotel de Areguá. Ambos eventos han puesto a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) bajo la lupa de la prensa y la opinión pública, debido al hermetismo sobre los detalles de su financiamiento. A continuación, se analiza el trasfondo de esta controversia y sus implicancias.

El contexto del evento y los cuestionamientos

El Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) es un organismo regional compuesto por países de América Latina que trabajan en la implementación de estándares internacionales para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, establecidos por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Paraguay, a través de la Seprelad, ocupa actualmente la presidencia pro tempore del Gafilat, bajo la conducción de Liliana Alcaraz.

El evento en cuestión tuvo como protagonistas a representantes del sector público y privado, incluidos bancos, financieras y otras entidades reguladas por la Seprelad. Lo que encendió las alarmas fue la falta de claridad de la institución sobre quién financió específicamente estas actividades y qué rol desempeñaron las empresas y personas invitadas, algunas de las cuales tienen vínculos con figuras políticas y casos judiciales relevantes.

En particular, la prensa ha resaltado la presencia de Ricardo Preda, abogado de Horacio Cartes (expresidente sospechado por lavado de dinero), y la posible participación de empresas relacionadas al exmandatario en el financiamiento del evento. Esto, sumado al hecho de que Liliana Alcaraz, titular de la Seprelad, estuvo a cargo de investigaciones relacionadas a Cartes en su etapa como agente del Ministerio Público, incrementa las suspicacias.

La clave: el financiamiento privado

De acuerdo con la información conocida, ambos eventos fueron financiados por sujetos obligados del sistema financiero, principalmente bancos y financieras. Estos actores son regulados por la Seprelad, lo que genera un conflicto de intereses implícito: la percepción de que las mismas entidades bajo supervisión aportan fondos para eventos de un organismo que debe fiscalizarlas.

Por otro lado, Seprelad también recibe financiamiento del Gobierno Nacional, mientras que el Gafilat es sostenido por aportes anuales de sus países miembros, así como recursos de organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial.

¿Existe una obligación de transparencia?

Desde un punto de vista jurídico, es debatible si Seprelad está obligada a detallar públicamente quiénes financiaron estos eventos. Al tratarse de actividades organizadas en el marco del Gafilat, que es un organismo internacional independiente, Paraguay podría argumentar que esa responsabilidad recae en el Gafilat y no en Seprelad. Sin embargo, dada la naturaleza de los fondos utilizados (privados y públicos) y el contexto en que se realizó el evento, existe un imperativo ético y político de transparencia.

Impacto de la opacidad: sospechas fundadas

El secretismo alimenta cuestionamientos. El hecho de que Seprelad no haya dado respuestas claras genera dudas legítimas en torno a las prioridades y prácticas del organismo. En este caso, la atención no recae exclusivamente en la prensa, sino en la gestión de Liliana Alcaraz, quien optó por no despejar las dudas que giran en torno a los auspiciantes.

La situación es especialmente sensible debido al peso que tienen los organismos internacionales como el Gafilat y el GAFI en la economía global. Sus recomendaciones, aunque no vinculantes, poseen una “autoridad moral” significativa: el incumplimiento puede derivar en la inclusión de un país en la “lista gris” o “lista negra”, con graves consecuencias para su reputación financiera y acceso a mercados internacionales.

La polémica pone de relieve una realidad que trasciende fronteras: la influencia del sector financiero en los organismos que regulan su actividad. En este contexto, entidades como Seprelad, Gafilat y las calificadoras de riesgo parecen operar más como engranajes de este sistema que como defensores de la transparencia y la justicia.

La pregunta central sigue siendo: ¿hasta qué punto los organismos que deberían proteger a los ciudadanos de los riesgos financieros están en realidad al servicio de los intereses que dicen regular? La respuesta, como siempre, parece depender de la voluntad —o falta de ella— de quienes lideran estas instituciones para rendir cuentas. Y mientras esta rendición de cuentas sea parcial o inexistente, la suspicacia será inevitable.