Colorados sancionan el RUN pese a riesgos por inseguridad jurídica

En una sesión marcada por limitaciones al debate y fuertes críticas de la oposición, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN) en su versión Senado, enviándolo al Poder Ejecutivo para su promulgación. La normativa contempla la fusión de la Dirección General de los Registros Públicos, el Servicio Nacional de Catastro y el Departamento de Agrimensura y Geodesia, generando controversia al establecer como “opcional” la exigencia del certificado de condición de dominio para inscribir una propiedad.

Riesgo para la seguridad jurídica

Los legisladores opositores, encabezados por la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), alertaron que flexibilizar el requisito del certificado pone en riesgo la ya frágil seguridad jurídica en el país. “Esto que se va a aprobar se suma a la gran inseguridad jurídica que ya existe en Paraguay. Nos lo advirtieron hasta representantes internacionales que dan préstamos al país”, afirmó Vallejo durante su intervención.

Vallejo cuestionó la posición del oficialismo, que defiende la opcionalidad del certificado argumentando que no se elimina, sino que puede ser eximido mediante el pago de una tasa doble. Para la legisladora, esta medida podría beneficiar a sectores con intereses oscuros y perjudicar a los sectores más vulnerables. “No importa que se pague diez veces más, estamos hablando de seguridad jurídica. Al más necesitado le va a costar más obviar el certificado, pero los narcotraficantes estarán felices”, añadió.

El “trato kure” y los riesgos de corrupción

El diputado Rodrigo Blanco (PLRA) fue igualmente contundente al advertir que la normativa habilitará el “trato kure”, expresión coloquial que hace referencia a negociaciones turbias o de mala fe. Según Blanco, la flexibilización facilitará la superposición de títulos y creará un escenario ideal para la corrupción y el lavado de dinero.

Por su parte, el diputado Raúl Benítez (Independiente) denunció que los escribanos deshonestos y los narcotraficantes serán los principales beneficiarios de la medida. “Obviamente que el narco pagará el doble de la tasa. Esta ley perjudicará al ciudadano honesto y beneficiará a quienes lucran con títulos falsos”, enfatizó.

El oficialismo y la aprobación polémica

La bancada oficialista y sus aliados cartistas hicieron uso de la mayoría parlamentaria para sancionar el proyecto, aplicando estrictamente el reglamento que limita las intervenciones de los legisladores. La falta de un debate amplio fue duramente criticada por la oposición, que calificó la sesión de arbitraria y acusó al oficialismo de censurar el análisis de los riesgos que implicaría la nueva ley.

El argumento del oficialismo radica en la necesidad de simplificar los procesos y agilizar la inscripción de propiedades. Sin embargo, la falta de garantías y el contexto de inseguridad jurídica en el país hacen que esta medida sea vista con profunda desconfianza por sectores políticos y ciudadanos.

Reacciones y próximos pasos

Con la sanción del proyecto de ley, ahora queda en manos del Poder Ejecutivo su promulgación o veto. La oposición ya advirtió que seguirá impulsando acciones para revertir la normativa y evitar que se profundicen los problemas de corrupción y tráfico de tierras en Paraguay.

El debate sobre el RUN deja en evidencia las tensiones entre la necesidad de modernizar el sistema de registros y las garantías de seguridad jurídica que exige un país con históricos conflictos de tierras y títulos superpuestos.