Lapidario informe oficial de EE. UU.: “Corrupción desenfrenada en Paraguay obstaculiza el crecimiento económico”

El reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el clima de inversión en Paraguay presenta un análisis dual: mientras resalta el crecimiento económico y el potencial del país, también denuncia problemas estructurales profundamente arraigados, como la corrupción y la impunidad, que continúan lastrando el desarrollo sostenible y la confianza en el Estado de derecho.

Fortalezas económicas en un contexto adverso

En términos macroeconómicos, Paraguay se posiciona como una economía en expansión, con un crecimiento promedio del PIB del 2,8% durante la última década y perspectivas optimistas gracias a sectores clave como la agricultura, la energía y la construcción. Además, el país cuenta con un marco legal atractivo para la inversión extranjera, ofreciendo incentivos fiscales, repatriación total de capitales y beneficios para maquilas.

Las calificadoras de riesgo internacionales han respaldado estas fortalezas. Fitch y S&P Global Ratings mejoraron recientemente la calificación crediticia de Paraguay, subrayando su historial de políticas macroeconómicas prudentes. Sin embargo, este desempeño positivo contrasta con desafíos internos que erosionan las ventajas competitivas del país.

El costo de la corrupción y la impunidad

La corrupción desenfrenada y la falta de seguridad jurídica destacan como los principales obstáculos para el desarrollo económico. El informe señala que estas prácticas no solo minan la confianza en las instituciones, sino que también generan problemas concretos para empresas extranjeras, muchas de las cuales enfrentan disputas no resueltas con el gobierno.

A pesar de avances legislativos en áreas como la transparencia y el acceso a la información, la implementación sigue siendo deficiente. Según el informe, marcas internacionales continúan enfrentando problemas de falsificación e infracción, y los casos de corrupción rara vez enfrentan consecuencias judiciales.

Deudas acumuladas y restricciones fiscales

El manejo fiscal de Paraguay también enfrenta cuestionamientos. Aunque el país cuenta con una Ley de Responsabilidad Fiscal que limita el déficit presupuestario, la suspensión de esta norma desde 2020, en el contexto de la pandemia, elevó la deuda pública a un preocupante 37,3% del PIB en 2023. A pesar de las promesas del presidente Santiago Peña de retomar el cumplimiento fiscal, el panorama sigue siendo incierto hasta al menos 2026.

Desafíos sociales y ambientales persistentes

El informe no omite los retos sociales de Paraguay, como el trabajo infantil, especialmente en sectores rurales, y la falta de incentivos regulatorios para enfrentar el cambio climático. Aunque el país ha adoptado políticas para preservar la biodiversidad, estas carecen de un enfoque integral que permita abordar de manera sostenible los problemas ambientales.

Un llamado a la acción

El panorama descrito por el Departamento de Estado revela una paradoja. Paraguay tiene el potencial de consolidarse como un destino atractivo para la inversión extranjera, pero sus problemas estructurales —corrupción, impunidad e inseguridad judicial— amenazan con limitar este avance.

Para romper con este ciclo, el gobierno no solo debe cumplir sus compromisos fiscales, sino también tomar medidas contundentes contra la corrupción, garantizar la independencia judicial y fortalecer las instituciones. Sin estas reformas, el crecimiento económico seguirá siendo un espejismo en un país donde los intereses de unos pocos prevalecen sobre el bienestar colectivo.