Control a las ONG: cronología de una controvertida ley

La promulgación de la ley que busca regular y establecer mayores controles sobre las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) en Paraguay marcó un hito en las políticas de transparencia del país, como así también, desde su origen hasta su reciente promulgación, el proyecto ha generado intensos debates y divisiones políticas.

El origen del proyecto

El proyecto de ley surge como una respuesta a la falta de controles claros sobre las OSFL que manejan fondos públicos y privados. Según sus impulsores, el objetivo principal es garantizar la transparencia en el uso de recursos y evitar irregularidades en sectores vinculados a competencias del Estado, municipios y otras entidades públicas.

El texto establece que todas las OSFL que administren recursos públicos deberán inscribirse en el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y en el Registro Administrativo de Beneficiarios Finales, dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto permitirá un monitoreo más riguroso y una trazabilidad clara de los fondos utilizados​​​​.

Debate en la Cámara de Diputados

La propuesta fue presentada en la Cámara de Diputados, donde se realizaron ajustes clave. Entre las modificaciones aprobadas, se incluyó la exclusión de ciertas organizaciones del alcance de la ley, como iglesias, partidos políticos, sindicatos, organizaciones campesinas y deportivas no profesionales. Estas solo serán fiscalizadas si manejan fondos públicos​​​​.

Aunque la mayoría aprobó el proyecto, no estuvo exento de críticas. Parlamentarios de la oposición señalaron que el texto podría interpretarse como un mecanismo de control excesivo sobre la sociedad civil, atentando contra el derecho a la libre asociación.

Discusión en el Senado

Tras ser aprobada en Diputados, el proyecto pasó al Senado, donde fue tratado y finalmente sancionado el 9 de octubre de 2024 con 31 votos a favor y 10 en contra​​. Durante los debates, el senador Derlis Maidana, uno de los principales defensores, argumentó que la ley llena un vacío legal y asegura que las OSFL operen con responsabilidad.

Por otro lado, algunos legisladores de la oposición, como Eduardo Nakayama y Rafael Filizzola, calificaron la ley como autoritaria. Expresaron preocupación de que pudiera convertirse en una herramienta de persecución política, especialmente contra organizaciones críticas al gobierno​​​​.

Posiciones enfrentadas

El debate también se trasladó al ámbito público. Mientras sectores del oficialismo y expertos en gobernanza apoyaron la ley como un avance hacia la rendición de cuentas, organizaciones de la sociedad civil y académicos señalaron riesgos para la autonomía de las OSFL.

Algunos críticos afirmaron que el texto tiene un enfoque punitivo, mientras que los defensores insistieron en que la normativa incluye garantías claras de autonomía operativa. Por ejemplo, el artículo 6 de la ley establece que el Estado no interferirá en el funcionamiento de las organizaciones y que su finalidad es promover la libre asociación​​.

Promulgación presidencial

Finalmente, el presidente Santiago Peña promulgó la ley el pasado viernes. Durante el anuncio, Peña defendió la medida como un paso necesario para fortalecer la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos. Resaltó que esta regulación no busca limitar el trabajo de las OSFL, sino garantizar que operen con criterios claros de legalidad y rendición de cuentas​​​​.

Aspectos clave de la ley

1. Registro obligatorio: Las OSFL deberán registrarse en sistemas administrativos específicos, incluyendo el de Beneficiarios Finales, para identificar a quienes controlan sus operaciones.

2. Fiscalización: La supervisión estará a cargo del Ministerio de Economía y otras entidades como la Contraloría General.

3. Exclusiones: Organizaciones internacionales, religiosas, políticas, sindicales y deportivas no profesionales están fuera del alcance de la ley, salvo que administren fondos públicos.

4. Autonomía garantizada: El Estado no interferirá en la gestión de las OSFL, siempre que cumplan con las normativas establecidas​​​​.

Un futuro incierto

Si bien la ley ha sido promulgada, las críticas no han cesado. Organizaciones y legisladores opositores han advertido que evaluarán medidas legales para cuestionar su constitucionalidad. Además, su implementación dependerá de reglamentaciones complementarias, que podrían suavizar o endurecer su aplicación.

En este contexto, la normativa representa un avance hacia la transparencia, pero también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre control estatal y autonomía de la sociedad civil.