Proyecto del RUN vería sanción semana entrante

La Cámara de Diputados incluirá, como tercer punto en el orden del día de su sesión ordinaria del próximo martes 19, el debate del polémico proyecto de ley que propone la creación del Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral. Esta iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, ha generado fuertes críticas por parte de diversos sectores, principalmente el gremio de escribanos y la Asociación de Geógrafos del Paraguay (AGEPA).

El proyecto busca fusionar la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia (DAG), centralizando sus funciones en una sola institución. Según sus proponentes, esta unificación mejoraría la eficiencia del sistema registral y catastral. Sin embargo, los opositores consideran que la medida responde más a intereses recaudatorios que a una verdadera reforma estructural.

Críticas de los gremios afectados

Durante la única audiencia pública realizada en la Cámara de Diputados, la ausencia de los oficialistas y la limitada oportunidad para un debate amplio alimentaron el malestar de los sectores involucrados.

El presidente del Colegio de Escribanos del Paraguay, Gustavo Benítez Soler, fue uno de los más contundentes al expresar su rechazo:
“Acá van a querer meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos que no tienen posibilidad de defenderse. Se transformó en una caja recaudadora este proyecto”, afirmó.

Por su parte, la AGEPA alertó sobre los riesgos de eliminar regulaciones específicas para los trabajos de agrimensura, catastro y geodesia. Advirtieron que, de aprobarse esta ley, se habilitaría a agrónomos y agropecuarios a realizar funciones propias de geógrafos especializados, lo que afectaría la calidad técnica de los servicios.

Escaso debate y posibles implicancias

El proyecto ingresó hace menos de un mes y su apresurado tratamiento contradice la promesa inicial del cartismo de garantizar un debate amplio e inclusivo. Para los críticos, esta falta de discusión refleja una intención de aprobarlo sin considerar las preocupaciones de los gremios profesionales y la ciudadanía.

Entre las implicancias de la ley, se señala que la centralización podría generar mayores costos y trámites más complejos para los usuarios, además de dejar a algunos sectores profesionales en una situación de incertidumbre laboral.

Próximos pasos

Con la discusión en la Cámara de Diputados el martes 19, el futuro de este proyecto sigue siendo incierto. Mientras tanto, los sectores afectados insisten en la necesidad de reconsiderar su contenido y abrir un diálogo real antes de tomar una decisión definitiva.