Tribunal confirma prisión preventiva de hermano de “Bachi” Núñez

El Tribunal de Apelación Multifuero de Presidente Hayes confirmó la prisión preventiva del exgobernador Óscar Venancio Núñez, condenado a 11 años de prisión por lesión de confianza, administración en provecho propio y otros.

La defensa había presentado la apelación solicitando el arresto domiciliario del hermano del presidente del Congreso. Con esto, “Ñoño” seguirá en prisión mientras la Cámara resuelve el recurso contra la condena de primera instancia.

En dicha sentencia se menciona que el hermano del senador Basilio “Bachi” Núñez causó un perjuicio patrimonial de G. 42.503.556.035.

El hermano del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, soporta una condena de primera instancia de 11 años de prisión por lesión de confianza, administración en provecho propio y otros.

Los abogados Josefina Aghemo y Eduardo Franco apelaron el fallo del Tribunal de Sentencia que decidió mantener la medida de “Ñoño” Núñez. En el escrito, resaltan que la existencia de un peligro de fuga que argumentó el tribunal es infundado, aparente y con “frases de gabinete”.

Otro punto que cuestionan es que se haya citado erróneamente la ley 2535/05 que aprueba la convención de las Naciones Unidad contra la Corrupción. Refieren que la norma citada para rechazar la caución que presentó la señora Nidia Lorena Cabrera, no condice con el caso.

Esto guarda relación con el ofrecimiento de ocho lotes del Parque Nacional Tinfunque, ubicado en la zona de seguridad fronteriza. El abogado Raúl Caballero había referido que los bienes están a nombre de la mujer y que pueden ser ofrecidos como fianza.

Para que el Tribunal de segunda instancia otorgue la medida, ofrecen una fianza real de dos inmuebles que totalizan G. 12.095.040.844, más una caución personal ofrecida por Ricardo Núñez Giménez, exintendente de Villa Hayes.

Actualmente, el expediente de Óscar Núñez se encuentra en el Tribunal de Apelación Multifuero de Villa Hayes, a la espera de que los camaristas confirmen o no la decisión de primera instancia. Asimismo, está pendiente de resolución en la Corte una acción de inconstitucionalidad contra el fallo que ratificó la elevación a juicio, que de hacerse lugar anularía el juicio y por ende la condena.