Presentan ante el TSJE unas 50.000 firmas para ampliar la tarifa social de la ANDE

Un grupo de organizaciones civiles y políticas presentaron este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) más de 50.000 firmas en respaldo a un proyecto popular que busca ampliar la tarifa social de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). El objetivo principal es garantizar el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano para todos los paraguayos, especialmente para los sectores más vulnerables de la población.

La iniciativa, que superó ampliamente la cantidad de firmas requeridas, plantea una serie de medidas para hacer más accesible el servicio eléctrico. Entre ellas, se destaca la implementación de una tarifa social con descuentos significativos para los consumos más bajos, beneficiando así a hogares y pequeñas empresas. Además, se propone establecer tarifas especiales para grupos vulnerables como adultos mayores y pueblos indígenas.

“Energía eléctrica de calidad y barata queremos. Tenemos represas grandes, pero sufrimos por energía cara y de mala calidad que con un poco de viento se corta la energía eléctrica”, cuestionó Ermo Rodríguez, de Tarifa Social por Itapúa, partido Paraguay Pyahurá.

También felicitó a todas las organizaciones que lograron conseguir 50.000 firmas. El grupo de ciudadanos realizó un pequeño acto antes de la entrega de las firmas en el TSJE.

Estuvieron presentes el monseñor Mario Melanio Medina, Mercedes Canese, Ricardo Canese, entre otros. Las firmas serán verificadas por el TSJE antes de ser presentadas formalmente al Congreso para su tratamiento.

El proyecto propone que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) implemente una tarifa social con descuentos del 90% para los consumos más bajos (0-100 kWh/mes) y reducciones menores para consumos de hasta 1.500 kWh/mes. El objetivo es beneficiar a los sectores populares y a la clase media, además de incluir tarifas reducidas para mipymes.

Otro de los sectores prioritarios son los adultos mayores con ingresos bajos y los pueblos indígenas, quienes podrían acceder a una tarifa gratuita para consumos de hasta 300 kWh/mes. A partir de ese nivel, se aplicarían tarifas progresivas. También se contempla la inclusión de las Juntas de Saneamiento, con el fin de reducir el costo del acceso al agua potable.

El financiamiento de la ampliación de la tarifa social provendría del 50% de los ingresos anuales por la venta de energía eléctrica, que generan aproximadamente USD 1.250 millones. De este monto, se destinarían USD 200 millones para el subsidio y el resto se invertiría en la mejora del servicio de la ANDE.