Estamos recibiendo un nuevo año, el 2023. Un nuevo año siempre trae esperanza en el inicio de un ciclo como preludio de felicidad. Hoy voy a escribir corto. Voy a tratar de hacer un breve recuento de lo que fue el año que se fue, respecto a temas sobre la realidad de la vida aquí en nuestro país, que como lo ha dicho alguien graciosamente, puede ser la Suiza de América del Sur, haciendo la comparación entre dos países mediterráneos, con habitantes en un número razonable. Pensándolo bien, con solo 7.000.000 de habitantes no debería haber hambre, ni gente sin tierra, ni gente sin vivienda en el Paraguay, y podríamos gozar de un mundo tranquilo, sin necesidades acuciantes, en un espacio de buen vivir con un nivel de vida adecuado para todos. Un sueño legítimo, creo yo.
Me referiré a algunos temas que han sido de mi preocupación en mis opiniones de este año. Respecto a los pueblos indígenas, el año se ha caracterizado por los desalojos forzosos que se han realizado sin ninguna consideración, ausente la sensibilidad humanitaria, contra un buen número de comunidades indígenas, quienes se albergaban en su territorio tradicional, en su hábitat desde tiempos ancestrales, pero que han sido privatizadas, y por efecto del apetito comercial de dichos propietarios han sido desalojadas violentamente, muchas veces con la complicidad de autoridades estatales, quienes están obligadas a garantizar derechos y no a oprimir pueblos vulnerables. Algunas comunidades han podido recuperar sus tierras, luego de largas luchas, otras, las perdieron, siendo desplazadas a la calle, como lo hemos estado viendo en las ultimas noticias, quedando las familias expuestas a la miseria, y a los abusos sexuales de niños y niñas.
La situación de las familias indígenas es cada vez más degradante, las que incluso han adquirido los vicios de la sociedad externa, nuestros vicios, nuestras malas costumbres, y enfrentadas, al mismo tiempo, a una sociedad racista, y de autoridades sin ninguna responsabilidad en el cumplimiento de las garantías establecidas en la Constitución y en la normativa internacional de los derechos humanos. Varios informes de organizaciones de derechos humanos han presentado cifras y datos concluyentes sobre la lamentable negación de los derechos de los pueblos indígenas.
Siguiendo el tema con los niños y niñas, la Corte Suprema de Justicia presentó un informe sumamente llamativo sobre “Hechos punibles de mayor ingreso” ante la administración de justicia. En dicho informe, se coloca en la cúspide de la pirámide el incumplimiento del deber alimentario por parte del padre. Estos casos llegan a 3.297 durante este año 2022; niños y niñas con madres abandonadas por el padre, que quedan solas con rol de padre y madre, y que incluso muchas veces sufren demandas por falta del deber de cuidado, teniendo que lidiar por la alimentación de sus hijos y con su propia sobrevivencia. Estas son situaciones que acarrean y que conducen a una sociedad resentida, donde la buena convivencia es prácticamente imposible. No se puede vivir armónicamente en un espacio donde persisten situaciones de violencia familiar de esta naturaleza. Justamente, mi querida colega Soledad Villagra Carrón, experta en derechos humanos, se refería a este tema en la prensa, preocupada por la alarmante cifra y la ausencia de políticas públicas sobre el tema.
Ambas situaciones planteadas no son problema de los indígenas, ni de las mujeres ni de los niños, se trata de un problema de la sociedad, observado con indiferencia y permitido por autoridades sin responsabilidad, incapaces de generar políticas y acciones de prevención y de sanción, lo que refleja una enfermedad social que debe curarse y de cuya sanación deberíamos asumir responsabilidad todos, pero principalmente las autoridades que están percibiendo sus salarios de nuestras contribuciones impositivas.
Un Estado que viene legitimando las desigualdades sociales y económicas de año a año en todos los periodos presidenciales que hemos tenido desde el proceso de democratización, no hace otra cosa que fortalecer una sociedad injusta donde algunos perciben salarios públicos ofensivos, 16 veces más que un obrero. Se necesita una distribución justa y equitativa del dinero público obtenido con el sacrificio de contribuyentes honestos, y que las recaudaciones sean utilizadas para políticas sociales con las que se pueda acabar con la brecha de desigualdad económica y social reinante en el país.
Soñemos. Estamos a la entrada de un nuevo año, el 2023, y tenemos derecho a soñar. Soñemos que varias cuestiones reclamadas por la gente sean consideradas con seriedad por el nuevo Gobierno que se iniciará con las autoridades que elegiremos en abril. ¡Tantas bellas promesas hemos escuchado! Ojalá que los elegidos, dentro de las limitaciones que nos permite nuestro sistema electoral, puedan entender su misión, y puedan darnos algún alivio en los años venideros.
Y con este sueño, agradezco a todos los amigos que me han acompañado con la lectura de mis opiniones en este año, y a todos los colaboradores y colaboradoras del diario digital El Nacional, deseándoles un feliz Año Nuevo.
