Las recientes declaraciones del ministro del Interior sobre el crimen del exdiputado Carlos Rubén Sánchez Garcete, conocido como “Chicharõ”, resultan inadmisibles en un Estado de derecho. Si esta es la respuesta del funcionario de gobierno a quien se ha confiado la seguridad interna del Paraguay, debemos ya asumir que una parte del territorio nacional es tierra de nadie y que el Estado ha resignado una de las facultades fundamentales que le confiere el orden constitucional: el monopolio de la fuerza para garantizar la convivencia social.
Que “Chicharõ” haya sido un delincuente cuyos vínculos con la mafia fueron reiteradamente señalados y cuya actividad como legislador y financista de sectores partidarios demuestra claramente cómo la política ha sido inficionada por oscuros intereses, no es motivo para desestimar la gravedad del hecho: diez sujetos armados ingresaron a la casa del exparlamentario y lo acribillaron impunemente en su cama. ¿Cómo leyó el ministro del Interior este episodio? “Tiene el sello de la mafia de la frontera”, dijo, y asoció el asesinato directamente al narcotráfico. ¿Cuál es la posición del secretario de Estado frente a lo sucedido? Más parece la de un analista y observador que la del encargado de la seguridad nacional.
¿Qué viene ahora? ¿Una guerra de mafias? Esto es lo que ahora nos preguntamos, ante el estado de indefensión en que nos encontramos ante fuerzas que se han vuelto incontrolables para el gobierno. ¿Qué acciones habría que encarar para afrontar lo que ocurre? ¿Declarar estado de excepción en el departamento del Amambay? La medida, habilitada por la Constitución Nacional, no está exenta de riesgos ya que implica la suspensión temporal de garantías constitucionales, pero también permitiría mayor margen operativo a las fuerzas de seguridad para luchar contra el crimen. Se trata de una disposición extrema cuya instrumentación exigiría estricto control para evitar los excesos que siempre aparecen. ¿Intervenir, con autorización del Congreso, los municipios y gobernaciones sospechosos de tratos con el narco? Si el ministro del Interior se atreve a afirmar ante la prensa que el asesinato de ayer responde a un ajuste de cuentas y que el asesinado financiaba candidatos para que accedan a cargos políticos en la zona, corresponde que, si tiene este conocimiento, haga las denuncias pertinentes a fin de proceder a un saneamiento de la administración pública en el departamento.
Lo cierto es que lo que acaba de ocurrir exige un gran debate nacional, en todas las instancias, pues la pasividad frente al crimen organizado es algo que no podemos permitir.
