OpiniónAnálisis
La justicia paraguaya parece responder más a intereses circunstanciales o relativos que a principios universales. Mientras unos se pudren en la cárcel por robar gallinas, otros caminan libres tras malversar millones o quitar vidas.
La política interna paraguaya es increíble, inverosímil. Se adapta como un camaleón a cualquier situación o evento, ya sea económico, partidario, político o de cualquier otra índole. Paraguay, un país de casi siete millones de habitantes —aunque según las últimas encuestas ni siquiera llegamos a seis millones—, es un ejemplo concreto de cómo todo puede funcionar "a lo Luque" o "a lo gua'i", como se dice popularmente.
Desde la filosofía, se estudia que la moral es relativa, aunque algunos postulan que no debería ser así, sino que debe aspirar a la universalidad, aplicable a toda esfera de la vida humana. Por ejemplo, eliminar a una persona es, jurídicamente, homicidio. Hoy surgen nuevos términos como "feminicidio", pero en cualquier caso, la eliminación de un individuo no puede considerarse relativa: no importa si ocurre en Afganistán, en China o en tribus aún no civilizadas.
La moral es entendida como relativa porque depende de normas, leyes, educación, cultura y contexto histórico. Sin embargo, hay prácticas que no pueden justificarse bajo ningún sentido. La ablación del clítoris, por ejemplo, es moralmente aceptada en algunas culturas, pero resulta inaceptable desde cualquier visión basada en los derechos humanos. Esta contradicción nos interpela: ¿todo es relativo o hay límites que no se deben cruzar?
Volviendo a nuestro país, el lector podrá identificar una serie de hechos que sucedieron, siguen sucediendo y probablemente seguirán ocurriendo en el complejo espectro político y judicial del Paraguay. Hace unos días, se produjo un hecho llamativo: al exgobernador del Departamento Central, Hugo Javier González, —el "kachakero", vinculado con el poder— se le otorgó libertad ambulatoria tras cumplir seis meses de prisión preventiva. Según expertos, la imputación de primera instancia no puede probar su culpabilidad, a pesar de existir pruebas del desvío de fondos públicos. Campante y sonriente, el implicado seguirá su proceso en libertad.
Otro ejemplo: Eugenio Mauro Sanabria Vierci, enlutó a una familia y dejó huérfana a una niña, cumple prisión domiciliaria. ¿Privación de libertad? Técnicamente, sí. Pero en los hechos, goza de los beneficios que el poder y el dinero le otorgan, en su lujoso hogar, estimo. Y aún está por verse si siquiera cumple con las restricciones impuestas.
Mientras tanto, personas que hurtan carne de supermercado o gallinas en el interior del país son procesadas, condenadas e incluso encarceladas. La pregunta es inevitable: ¿por qué existe un relativismo jurídico que castiga con severidad a los pobres y premia con indulgencia a los poderosos? ¿Por qué no se aplica la misma vara para todos?
Es urgente que el Poder Judicial reforme con firmeza y valentía el sistema jurídico nacional. La corrupción, el narcotráfico, el contrabando, la evasión de divisas y el crimen organizado no pueden seguir apoderándose del país. Es imperativo que los jueces dicten sentencias conforme a los principios de legalidad, lógica, justicia y, sobre todo, moral. Una moral que no puede ser relativa, que debe ser ética y universal, si queremos dejar de vivir en esta parodia jurídica que hoy nos gobierna.
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