OpiniónAnálisis
"L'État, c'est moi" (Yo soy el Estado) es una célebre frase francesa atribuida a Luis XIV, el Rey Sol. Se dice que la pronunció en 1655 ante el Parlamento francés, cuando apenas tenía dieciséis años. Esta expresión resume la esencia del absolutismo: la concentración total del poder en la figura del monarca. Sin embargo, no existen registros oficiales que certifiquen que realmente la haya dicho, por lo que muchos historiadores la consideran una cita apócrifa. Aun así, el simbolismo que encierra sigue siendo poderoso.
Hoy, esa frase resuena con inquietante actualidad en Paraguay. El presidente Santiago Peña ha refrendado recientemente una ley que permite a los legisladores acogerse a una jubilación tras unos pocos años de "trabajo", mientras que el resto de la ciudadanía debe cumplir con 30 años de aportes y enfrentar un sinfín de dificultades para acceder a una pensión modesta. Y aún peor: no hay garantías de que, al final del camino, haya fondos suficientes para pagarla.
El tema que ha indignado a gran parte de la población no es menor: la jubilación privilegiada de los parlamentarios. Además de la injusticia evidente, persisten dudas jurídicas fundamentales. ¿Los legisladores perciben un salario por ejercer un cargo electivo? ¿La "dieta" que reciben puede considerarse salario a los efectos jubilatorios? Son preguntas que urgen una respuesta clara. Sería deseable que especialistas del ámbito jurídico puedan arrojar luz sobre este asunto, antes de que el silencio cómplice lo normalice.
Con la sanción de esta ley polémica, el presidente parece haberse asegurado el apoyo de un Congreso dócil. Legisladores que se jubilarán con beneficios generosos tras cortas trayectorias estarán en deuda con el Ejecutivo. Así, cualquier iniciativa enviada desde el Palacio de López encontrará pocas resistencias. Se dibuja entonces un escenario de "armonía institucional", al menos por los tres años que le restan al actual gobierno, sin contar el inevitable año de campaña electoral que comenzará a inicios de 2027.
Pero surge una pregunta inquietante: ¿Quién, en realidad, encarna hoy al Estado en Paraguay? Porque si seguimos el razonamiento absolutista, quien controla el Legislativo y el Ejecutivo —y eventualmente intente reformar la Constitución— bien podría decir, sin rubor, "Yo soy el Estado".
Algunas voces afirman que el actual gobierno es, en realidad, bicéfalo: que el presidente no gobierna solo, sino con la guía —o presión— de una poderosa fuerza exógena. En esa línea, el presidente del Partido Colorado, en un evento, vociferó que no hay ninguna posibilidad de conflicto con el número uno del Ejecutivo. ¿Una declaración de fidelidad o una confirmación tácita de influencia?
Mientras tanto, desde el Ejecutivo se insinúa siempre la necesidad de una reforma constitucional, por ejemplo: redistribuir mejor los recursos del impuesto inmobiliario. Pero esta supuesta reforma "social" despierta sospechas. Se parece demasiado a aquel intento del expresidente Horacio Cartes por modificar la Constitución para permitir su reelección. Todos recordamos cómo terminó esa aventura: en una tragedia que enlutó a todo el país.
Entonces, insisto: si hoy alguien dice "Yo soy el Estado", ¿quién lo dice realmente? ¿Quién concentra el poder, dicta el rumbo y define el destino de millones de paraguayos sin mayores contrapesos?
La democracia no puede sobrevivir con instituciones complacientes, ni con poderes que se subordinan entre sí. Lo que hoy parece armonía, mañana puede ser sometimiento. Y lo que parece gobernabilidad, puede ser, en realidad, el inicio de una deriva autoritaria.
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