Implacable el manifiesto del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en el cual acusa directamente a Horacio Cartes como el patrón de los negocios ilícitos. Esta acusación sería una bomba si algunos referentes de la política local ya no lo hubieran denunciado, como el caso del exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio. El nombre de Horacio Cartes está sonando casi todos los días y se lo asocia con actividades no muy santas que digamos. Aspecto subrayado en el manifiesto del PLRA, hasta ahora considerado un partido opositor, por lo menos dentro de los partidos tradicionales del país.
Una frase de grueso calibre del mencionado manifiesto reza lo siguiente:
“Cayó fulminado por balas asesinas disparadas cobardamente por los sicarios de la mafia, dueña y señora de los destinos del Paraguay, anidada al interior del Partido Colorado, a la vez sometido al patrón de los negocios ilícitos: Horacio Cartes Jara”.
El tenor de manifiesto infiere que es un ataque directo a un individuo que fuera “invitado” a formar parte del Partido Colorado, contra todo pronóstico y sin reunir los requisitos elementales para pertenecer a una centenaria nucleación política. Con su ingreso a la ANR se ha mofado, no solo de los correligionarios de la ANR, sino de todo un pueblo, pues este personaje ha fundado un movimiento con las siglas de su propio nombre Honor Colorado, que de honor no tiene absolutamente nada. Según la leyenda urbana, nunca ha votado en elecciones generales.
Son comunes las rencillas entre los partidos políticos, pero ataques, agresiones y denuncias concretas dirigidas a personas específicas han sido muy raros en esta apertura democrática. Este manifiesto es una denuncia concreta que la Fiscalía debe tomarla de oficio e iniciar el proceso que determinan las leyes del país. Es la hora que esa institución proteja el Estado de Derecho de la nación. No se puede permitir que denuncias concretas hacia una persona sean ignoradas, especialmente si se trata de referentes políticos. Los hechos antijurídicos deben ser investigados, pues esa es la función de la Fiscalía, investigar si realmemte existen indicios de violación de las normas constitucionales.
Cualquiera que tiene acceso a los medios de prensa podrá fácilmente detectar y comprender que la Fiscalía es lenta para iniciar investigaciones de las miles de denuncias que diariamente se incuban en el país. Los procesos son lentos y las informaciones del estado de las investigaciones no llegan al público, quizás por motivos de seguridad o por alguna reglamentación interna, pero lo real y verdadero es que la sociedad ha perdido la confianza en esa institución. ¿Cómo van las investigaciones sobre el asesinato del fiscal Pecci?, ¿hay avances?, ¿hay imputados o arrestados? Al parecer todo va al olvido, muy común en nuestro folclore: el famoso oparei. El efecto choque dura solo un tiempo y luego ya la rutina consume al pueblo, pero esto no debe ocurrir con las instituciones que deben velar por la seguridad de los ciudadanos.
En épocas electorales se reactiva el discurso soez de los que pretenden llegar al sillón presidencial, desde mi punto de vista, pueden decirse lo que quieran mientras que las denuncias de hechos delictivos perpretados por x candidato sean serias. En caso de que los hubiere, deben ser denunciados directamente en los órganos competentes. Esta práctica dañina que se revitaliza en cada elección partidaria debe terminar en una denuncia concreta y la Fiscalía debe actuar de oficio. No se puede tolerar que se saquen a luz hechos antijurídicos para luego terminar en un abrazo, sea lo que fuere. La ciudadanía está harta de leer y escuchar todos los días denuncias concretas contra referentes políticos y encumbrados empresarios “exitosos”. Todo termina en aguas de borraja.
Los manifiestos generalmente tienen un efecto eficaz, porque con ellos se quiere lograr torcer o reencauzar las líneas de conducción de una nucleación política, un gobierno y, por sobre todo, reflejar el hartazgo de la población cuando existen violaciones de sus derechos como individuos.
Con su manifiesto, si bien infiere lo que ya la sociedad presume que estaría pasando en nuestro sufrido territorio patrio, el PLRA debe arrimar las documentaciones, pruebas y toda información que indique que el expresidente de la República está involucrado directamente en los negocios ilícitos.
El mejor manifiesto que el PLRA podría ofrecer al pueblo es colaborar con la justicia y denunciar directamente los supuestos hechos delictivos realizados, en este caso, por este empresario tabacalero.
El pueblo paraguayo no necesita manifiestos, necesita que los delincuentes consuetudinarios vayan a parar a la cárcel, con el fin devolver la dignidad a este sufrido pueblo.
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