En El Salvador acaba de producirse el primer autogolpe de Estado (palaciego y parlamentario) ocurrido en estos tiempos tan crueles y nublados, los de la pandemia de la Covid-19, y con ello se pone fin a un complejo proceso de apertura política democrática que estaba a punto de cumplir su trigésimo aniversario.
Es un ejemplo, el salvadoreño, de lo que puede ocurrir en una sociedad sin mayor tradición cultural democrática, con instituciones republicanas y constitucionales todavía frágiles, en un contexto socioeconómico de generalizada miseria y de suma violencia además (el crimen organizado de tan extendido se encuentra fragmentado en guerras de supremacía, algo que origina grados de violencia abierta superior a la que puede hacer frente el Estado), y con partidos y fuerzas políticas democráticas que todavía realizaban el aprendizaje de los roles de oficialismo y de oposición. Todo en el contexto de la siempre explosiva región centroamericana. No en vano la mayor parte del inmenso éxodo ilegal latinoamericano a EEUU se origina en los países hermanos del istmo.
El sábado 1 de mayo, el presidente Nayib Bukele, con su mayoritario partido “Nuevas Ideas” en la Asamblea Legislativa nacional, al inaugurarse la legislatura unicameral, y recurriendo a la viejísima tradición de un autogolpe (parlamentario en este caso), inconstitucionalmente descabezó nada menos que a la Sala Constitucional del Poder Judicial integrada por cinco magistrados supremos, y también cesó en sus funciones al Fiscal General.
Para el populista mandatario salvadoreño (próximo a cumplir 40 años de edad), de sorprendente y exitosa trayectoria democrático-electoral, los magistrados constitucionalistas y la cabeza de los fiscales salvadoreños se habían convertido en trabas institucionales que, aliados a sus opositores parlamentarios, le impedirían gobernar “para el bien de sus compatriotas”. No podía pues permitir el Ejecutivo que un grupo de “conspiradores” abortara sus autoatribuidas magníficas políticas públicas, y en lugar de respetar a la constitución y leyes, pisoteando también instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el El Salvador, y abusando de la cómoda mayoría parlamentaria que estrenaba, puso fin a la republicana, constitucional y democrática división de poderes, garantizada por la Carta Magna.
Esta sucumbió con el “magnicidio” de la República, porque él, Bukele, no permitiría que le sabotearan su ambición de convertirse en el gran estadista salvadoreño de principios del siglo XXI. No recurrió al poder militar para vulnerar sus orígenes incuestionablemente democráticos, porque no era necesario. Le bastó que la policía salvadoreña también “sesionara” con los asambleístas, asegurándose así el éxito de su golpe sin que se disparara un solo tiro. No hubo heridos ni muertos. Hasta ahora.
Entre finales de los años sesenta y principios de la década siguiente los sucesivos regímenes autoritarios y aperturistas locales (de la derechista ARENA, Alianza Republicana Nacionalista, y de la centrista democracia cristiana salvadoreña), respaldados por la República Imperial (Raymond Aron “dixit”), enfrentados por las armas guerrilleras del izquierdista Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FLMN) desembocaron en una muy exterminadora guerra civil de casi dos décadas de duración, hasta que la situación de equilibrio catastrófico (ninguno de los contendientes podía vencer al enemigo y tampoco ser vencido por él), condujo a negociaciones locales, internacionalmente alentadas, que desembocaron en el inicio de la apertura política de 1992. Ayudó para ello el fin de la Guerra Fría internacional (1947-1989).
Ese contradictorio proceso democratizador, que no había concluido de instalar una cultura democrática en el país centroamericano (agobiado por la extrema pobreza, la corrupción y el crimen organizado) es el que acaba de fenecer por medio del muy antiguo procedimiento del autogolpe palaciego-legislativo, planeado y ejecutado por orden del Ejecutivo. En esta coyuntura los antiguos enemigos de la guerra sucia entre dos bandos que ensangrentó hasta casi destruir por completo a El Salvador, ARENA y FMLN, políticamente son los principales perjudicados por Bukele, quien en su carrera politiquera ha sido muy hábil para utilizarlos en beneficio propio, en el marco de la débil experiencia democrática salvadoreña que, al menos oficialmente, ha dejado de existir por decisión autoritaria del presidente y sus correligionarios.
Las críticas internacionales, a ese rayo caído de cielo sereno que es el autogolpe de Bukele, se generalizaron de inmediato, entre tantas más, por ejemplo de la ONU (por medio del Secretario General António Guterres, y de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la organización para los DDHH), de la OEA, del Departamento de Estado, y de las emanadas de importantes instituciones humanitarias como Human Rights Watch, aparte de las contenidas en informaciones y comentarios de la gran prensa, las regional, hemisférica y mundial. Pero no es el factor externo el que determina el rumbo a seguir en un país sumido en grave crisis político-institucional. El complejo actor internacional sin duda es favorable a las fuerzas democráticas salvadoreñas, las que desde luego se oponen a la medida autoritaria. Pero dependerá del respaldo popular que logren reunir, para que pueda vislumbrarse una negociación política prodemocracia que evite peores males a los salvadoreños.
En el Paraguay, la salvadoreña actual, es una coyuntura que debemos estudiar muy bien para extraer conclusiones que puedan servirnos si queremos evitar que, nuestro tan debilitado (¡y también de tres décadas!) proceso de apertura política democrática, termine generando una salida neoautoritario. La dramática y también trágica experiencia del debate parlamentario y ciudadano sobre la reelección presidencial, a fines del período anterior, constitucionalmente imposible, que enfrentó a quienes politiqueramente pretendían habilitarla por la vía de los hechos, puso en evidencia lo lejos que todavía estamos de un firme Estado de derecho republicano y constitucional, y lo fácil que puede escalar en violencia una crisis política desatada por ambiciones como las de Bukele.
