Asistimos el último día de marzo, el lunes 31, en la explanada del Palacio de Justicia de Asunción, a una represión violenta de un grupo de personas, jóvenes y mujeres que pretendían honrar la memoria de Rodrigo Quintana, joven liberal asesinado hace ocho años en la sede del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico, quien fuera muerto por la Policía Nacional el 31 de marzo de 2017, cuando estaba defendiendo la Constitución Nacional ante el atropello del Congreso de la época para instalar la reelección presidencial, conocida como enmienda de sangre.
El grupo de ciudadanos que hacía uso de las garantías constitucionales del derecho a la manifestación, derecho a la reunión y derecho a peticionar a las autoridades, y que se habían congregado para honrar la memoria de Rodrigo, fueron repelidos de forma agresiva, echados al suelo por los miembros de las fuerzas policiales, al mando del comisario Mario Ovelar, a quien fue exhibida la comunicación previa solicitando el permiso correspondiente para la realización del acto y quien igualmente no permitió su realización, alegando la existencia de una acordada judicial que no permite manifestaciones en la explanada del Palacio de Justicia. Este grave hecho de brutalidad policial nos remonta a la época de la dictadura stronista, donde las personas que se manifestaban en contra del tirano eran perseguidas, golpeadas, muertas y desaparecidas, solamente por animarse a expresar sus ideas diferentes y pensamiento crítico al gobierno del dictador.
Queremos señalar que luego de los graves hechos de sometimiento policial no se pudo llevar a cabo el acto de recuerdo a la memoria de Rodrigo. Sin embargo, luego de la represión policial, los asistentes al acto de recordación fueron denunciados ante el Ministerio Público, por los hechos punibles de "perturbación de la paz pública "y resistencia al orden público", reviviendo las viejas prácticas stronistas de persecución de inocentes. Este deleznable hecho de denuncia pretende instalar, de nuevo, el miedo y el temor en la población paraguaya para que no "proteste" ni denuncie hechos de injusticias ni exprese opiniones contrarias al gobierno de turno, instaurando con esta denuncia fiscal "la criminalización de la protesta social".
Ante esta temeraria denuncia del Ministerio Público queremos señalar lo siguiente:
-La protesta social es un componente esencial del sistema republicano de gobierno, porque es una manera de expresar disenso y exigir cambios,
-La protesta social constituye un espacio ciudadano para instalar debates y cuestionar a las autoridades,
-La protesta social es el elemento visible que indica el nivel de democracia que tiene un país,
- La protesta social es el canal de comunicación ciudadano para visibilizar las desigualdades sociales y exigir justicia, entre muchas de sus características y utilidades públicas. Las personas tienen derecho a manifestarse pacíficamente y exigir rendición de cuentas y cambios a las autoridades. La protesta social ciudadana no puede ni debe prohibirse ni mucho menos criminalizarse porque debilita la democracia.
El Estado paraguayo debe respetar, facilitar y proteger el derecho a protestar, que es el derecho ciudadano a manifestarse libremente garantizado en nuestra constitución nacional.
A través del uso de la fuerza pública y represión a las personas en la conmemoración del aniversario de la muerte de Rodrigo Quintana, queda expuesto y visibilizado a la opinión pública nacional e internacional, que en el Paraguay se han vuelto a normalizar la opresión y el castigo policial como método "disuasivo" a quienes piensan diferente y levantan su voz de protesta social. Se está sembrando nuevamente el temor a expresar opiniones diversas y críticas al gobierno y se están estableciendo los cimientos de una estructura autoritaria y retrógrada en derechos humanos, que socava y hiere gravemente los cimientos de nuestra débil democracia y nuestro tambaleante Estado de derecho.
¿Hacia dónde vamos, Paraguay?
