¿Y por casa cómo andamos? Es una frase que se utiliza como un llamado a la reflexión o a la atención de alguien que suele criticar defectos en otras personas, sin detenerse a analizar cuáles son los propios.
Atendiendo a la Sesión Plenaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 24 de marzo de 2021, se deduce que los jueces (o sea el Poder Judicial) desean convertirse en contralor de calidad educativa de las facultades de Derecho de las Universidades del País (https://twitter.com/Noeliagonzapy/status/1374729610559115267).
La CSJ ha manifestado su intención de limitar la habilitación de matrículas para los profesionales del derecho.
Incluso, el Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, señaló que existen “abogados mediocres que solo entorpecen los procesos y no tienen idea de cuál es su rol en los casos que llevan” (https://www.lanacion.com.py/politica_edicion_impresa/2021/03/26/corte-plantea-limitar-entrega-de-matriculas-a-abogados/).
Pero claro, los Ministros de la CSJ del Poder Judicial olvidan lo pueril y sumiso que es el Poder Judicial ante el poder político. Las decisiones descabelladas de justicia son las que en realidad entorpecen los procesos y son los jueces o magistrados (o incluso Ministros de la CSJ) que los dictan los que no tienen idea de cuál es su rol en los casos en los que les toca juzgar.
¿Para qué enfocarse en la suciedad de la casa si es más fácil mirar la paja que hay en el ojo ajeno?
Se trae a colación lo acertadamente expresado por el Presidente del Colegio de Abogados del Paraguay: si el enfoque fuere distinto, como mejorar el sistema de justicia, sería interesante esta propuesta (https://open.spotify.com/episode/2bvMJxMerY5aTH57hPGHEy?si=J3LapJwrQUyDpDcVDLIKKg)
Pero el enfoque no es distinto. El enfoque apunta únicamente a los profesionales abogados y no al sistema de justicia.
El Poder Judicial de Paraguay figura en el puesto 138 de 141 lugares en el ránking de Independencia Judicial del Global CompetitivenessReport del Foro Económico Mundial (http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf) raspando los últimos lugares de corrupción judicial en todo el planeta. Pero lo que se quiere “mejorar” es al profesional abogado, no al sistema judicial.
Igual, la proposición de un examen de aptitudes para la obtención de la matrícula de abogado no será tan fácil de implementar considerando el ordenamiento jurídico: el art. 89 del Código de Organización Judicial (ley 879/1981) expresamente dispone que para ejercer la abogacía se requiere i) el título de abogado expedido por una universidad nacional o extranjera debidamente validado y ii) la mayoría de edad, honorabilidad y buena conducta debidamente justificadas.
Nada dice sobre una certificación especial sobre las aptitudes de un profesional abogado ni de un examen que “eleve la vara”. Si se quiere avanzar con la propuesta del examen para la habilitación de matrícula, sería importante considerar el marco legal (aunque se trate de la propia CSJ y de abogados, nunca está demás recordar).
También la Constitución establece en su art. 46 que “Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien”.
El Ministro de CSJ Martínez Simón quiere “mejores egresados, mejores productos de salida (refiriéndose a los estudiantes de derecho)”, pero, echando un vistazo al actuar Poder Judicial, parece no querer mejores jueces o mejores magistrados.
Nuevamente resulta más que acertada la postura del Presidente del Colegio de Abogados del Paraguay “¿Por qué no le tomamos el examen a los jueces también? Una vez más, toda la problemática recae en el sistema de la poca preparación del abogado no en la galopante corrupción del sistema” (https://www.pds.com.py/presidente-del-colegio-de-abogados-asegura-que-sera-dificil-estandarizar-el-sistema-de-evaluacion-para-abogados/).
Y es que, a ley pareja nadie se queja.
