El período parlamentario 2023-2028 ha iniciado con toda la energía para enfrentar los cinco años que se avecinan. No ha cambiado mucho, a pesar de las caras frescas que lograron entrar en ese hábitat donde se cuecen habas. Las mujeres legisladoras dan el toque de diferencia con sus intervenciones, mientras que las veteranas legisladoras siguen con el libreto de siempre. Las nuevas tratan de marcar territorio para captar la atención de la ciudadanía. En este contexto, quien sobresale en estos últimos días es Yolanda Paredes, quien explica con claridad y sencillez sus posturas, un bálsamo que debería servir como modelo tanto para las demás mujeres congresistas como para los colegas considerados viriles y machos alfa.
El foco del momento le toca al presidente del Jurado de Enjuiciamiuento de Magistrados (JEM), Hernán Rivas, quien al estilo “Matrix Reloaded” se retorció y logró esquivar las balas de plata que se dirigían hacia él. El famoso pedido de renuncia va a estudio para su correspondiente análisis. Veremos qué sale de tan sesudo estudio de sus flamantes miembros. Hay cuestiones de fondo en este caso; desde mi perspectiva, es la capacidad profesional y experiencia necesaria que debe tener el presidente para poder someter a juicio y análisis los casos que llegan al JEM. Por la información que vislumbra este caso, se entiende que no tendría las credenciales para estar al frente de esa entidad que debe juzgar a jueces. Para lograr convencer a sus colegas senadores, apeló a que le den oportunidad para demostrar su idoneidad.
En este marco, comparto una experiencia profesional para entender en qué consiste la mencionada capacidad profesional para asumir un cargo. En la comarca donde resido, la persona que elige el magisterio debe estudiar cuatro años para lograr la licenciatura (bachelor), luego dos años de maestría. Durante estas dos etapas, la persona debe pasar por una infinidad de evaluaciones teóricas y prácticas del ejercicio de la docencia, mediante el control y asesoramiento de un tutor con vasta experiencia en la profesión.
Después de pasar estas dos etapas, el profesional recién recibido no ejerce directamente la profesión completamente huérfano, sino que entra en un proceso de entrenamiento intensivo de 18 meses en una institución educativa, bajo el control y supervisión de tutores altamente preparados y especializados, amén de la supervisión de los organismos estatales.
Una vez terminado el proceso del duro entrenamiento, el candidato es sometido a un riguroso examen práctico y teórico, que generalmente dura 5 horas. Si este novel profesional logra pasar esta barrera, recién ahí logra la famosa presea de profesional capacitado y preparado para enfrentarse los desafíos que implican la enseñanza. Pero no todo es color de rosa, luego del ingreso al sistema, al profesional le esperan aún unos tres años de una supervisión sistemática por los órganos de control estatal. A esto se le denomina "funcionario estatal a prueba". Pasados estos tres años, por fin este eufórico profesional puede respirar y sentirse un poco aliviado de las presiones del sistema. En total, para lograr eso, se necesitan unos 10,5 años, estamos hablando de un profesional recién iniciado en la profesión.
Esta descripción es solo una analogía de lo que el presidente del JEM, que juzga a magistrados, debería tener como mínimo, haciendo la salvedad de que en el área de la justicia la constelación es altamente compleja. En el complejo y sensible ámbito jurídico no se puede decir con voz lastimera "Quiero que me den la oportunidad para demostrar que soy capaz", como lo había expresado el leitmotiv de este artículo. Tampoco le sirve de mucho la “adoración” a cierto personaje.
La administración de la justicia no es para aprendices que quieren iniciarse como los famosos cadetes que servían té, café o tereré en oficinas de algún poguasu.
La sociedad consciente de este país debe levantar su voz de protesta contra estos arreglos debajo de la mesa que, al final de cuentas, solo favorecen a cierto personaje o a un grupo corporativo que no quiere dejar de expoliar al Estado.
El caso del aprendiz a presidente del JEM es una clara señal de alerta que pone en evidencia las deficiencias del sistema judicial en el país. La desorganización y la influencia de intereses particulares son evidentes, lo que afecta gravemente la imparcialidad y la eficacia del sistema.
Además, este acontecimiento también resalta la problemáticas en el funcionamiento del congreso y la debilidad del poder ejecutivo para llevar a cabo proyectos que realmente beneficien al pueblo.
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