OpiniónActualidad
Érase una vez, como ocurrió tantas veces... que las noticias en la prensa y las conversaciones cotidianas se centraron en el brutal asesinato de la joven María Fernanda. La prensa se extendió con descripciones de conductas inimaginables debido a la magnitud de los entretelones de este episodio de violencia extrema de género que ha puesto fin a la vida de la joven, con una vida en gestación de tres meses en su vientre.
Los comentarios sobre el caso se replicaron en todos los niveles, y la comunidad de la joven se levantó pidiendo justicia. Luego de estos relatos impresionantes, no se percibe una reacción para reflexionar sobre las causas de estas conductas de los agresores, ni sobre el valor de la vida, ni el terror y sufrimiento de su víctima. En consecuencia, si bien existen mecanismos de prevención respecto a los actos de violencia masculina, algo básico está fallando en la política estatal. Se escuchan propuestas de cárcel perpetua, y la gente está pidiendo, incluso, pena de muerte. No necesitamos más leyes, ni más cárceles. Necesitamos más prevención, atención y menos crímenes. Esa es la responsabilidad del Estado.
¿Por qué no se busca la reflexión sobre la calidad de vida y la desinformación sobre los delitos ligados al sexo y género? Porque el sexo es tabú para el Estado, y lo más grave, es un poderoso tabú en la sociedad civil. Acepar la sexualidad y el cuidado de la salud reproductiva de la mujer es el tema más eludido en todos los gobiernos que se han sucedido; por tanto, el ministerio de educación lo disfraza con discursos maquillados, y el ministerio de salud, nos entretiene con programas volátiles, sin sentido de prevención y protección para un relacionamiento sexual saludable. La juventud está confundida y desorientada, lo que no significa impunidad para el actor o actores del crimen.
Hagamos esta reflexión: ¿Cuántas vidas se hubiera protegido con programas apropiados conducentes a la educación sexual? La función sexual, por su relevancia, debería ser tratada con profundidad y dignidad, sin prejuicios encubiertos. El embarazo no esperado está estigmatizado, pero tampoco se dispone de políticas públicas eficientes sobre la prevención y el cuidado de la salud reproductiva. Probablemente, esta situación llevó a la hermosa joven Fernanda a afrontar en soledad su desesperación, en manos de los maquinadores del crimen, cuyo final es de todos conocido. Estas conductas tocan profundamente nuestra sensibilidad, y exigen una investigación y un análisis interdisciplinario delicado, sobre la atención a la salud mental, en torno a la condición humana. ¿Con quién o quiénes estamos conviviendo?
Esta cuestión no tendrá solución con puniciones. Respecto a la pena de muerte, la misma no será restablecida, y no volverá al Paraguay, ya que la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ratificada por el Estado paraguayo, expresa su prohibición con esta escueta cláusula: "No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que lo han abolido". Son palabras concretas, absolutas, por tanto, se acata y se cumple. De momento que nuestra Constitución del año 1992, hoy vigente, ha abolido la pena de muerte en el capítulo del derecho a la vida, este asunto ya no es tema de discusión.
Estas consideraciones son de orden jurídico, pero preocupa que con tanta ligereza las personas hablan de la pena de muerte, como si el Estado tuviera licencia para matar, y como si el derecho a la vida, pudiera ser defendido con disposiciones legales solitarias de punición. El Estado tampoco tiene derecho a matar, y las penas no bastan, se necesita mucho más. Necesitamos eliminar los actos de violencia con construcción de masculinidades sin violencia, con medidas de atención a la salud mental integral de la población, con orientación sexual oportuna y adecuada, sin mitos ni falsedades.
Escribiendo estas páginas, recuerdo las palabras de Pepe Mujica, que decía: "en la actualidad se halla ausente la reflexión sobre el valor de la vida". La vida, ese don supremo de la naturaleza humana, se halla tan desvalorizada, que en los casos de delitos contra ella, vemos que los parlamentarios, en su delirio, están listos para salir al paso con propuestas de ley, la más criminógena posible. Ellos, los mismos que hace apenas un año, denegaron el derecho a la educación sexual. La punición es necesaria, pero no es la varita mágica que va a poner fin a estos problemas de género, ligados a prejuicios de herencia patriarcal.
Un mundo mejor es posible. No necesitamos más leyes, ni más cárceles, necesitamos menos crímenes, necesitamos construir masculinidades sin violencia, con mecanismos de prevención a través de políticas públicas diseñadas con abordaje de género, para la ejecución de acciones estratégicas en los estamentos concernientes del país. Es mi opinión.
