OpiniónAnálisis
En una República bien consagrada, el ejercicio del poder por parte del Estado se fundamenta en su atribución en favor del bien común, garantizando los derechos transferidos por el soberano a la autoridad que lo representa. Cada ciudadano deposita su confianza y entrega parte de su voluntad, autonomía y economía al sistema, el cual, por "contrato social", está obligado a brindar seguridad y garantías de las libertades, la vida y la propiedad a todos por igual, sin discriminación.
Ahora bien, cuando el mismo Estado utiliza esa fuerza en detrimento de sus ciudadanos, sus propiedades o derechos, transgrede la concepción ética de su existencia y se convierte en un instrumento del miedo y la desconfianza. Con ello pierde toda autoridad moral, aunque con el "garrote" en mano pretenda seguir imponiéndose.
Los Estados totalitarios se sostienen en la fuerza y la mentira, en la propaganda y la opresión, imponiendo la violencia dogmática por encima de la razón. De esa manera logran ser más temidos que respetados, no por la consideración y empatía que generan, sino por el miedo que infunden.
La última arremetida grotesca de este sistema autoritario —al ordenar el cierre de todos (palabras textuales) los locales de una cadena de minimercados y, 24 horas después, contradecirse— refleja, en primer lugar, el papel ridículo de funcionarios soberbios, con rango de ministros y salarios millonarios, que evidencian su pésima preparación, su falta de carácter y un espíritu servil a todas luces. En segundo lugar, exhibe la improvisación como regla de oro en el cumplimiento de sus propósitos.
Aquí no se trata del interés del Estado por la salud y el bienestar de la gente, sino de un claro mensaje de poder absoluto y atropello a la razón. No se trata de sancionar a dos o diez locales que incumplieron normativas sanitarias, sino de una pulseada desproporcionada entre grupos de poder, haciendo pagar a inocentes por pecadores. No se trata de construir un país más serio y digno, sino de destruir la institucionalidad de la república e instalar la ley del capricho y del resentimiento. Tampoco de generar industrias, comercios y puestos de trabajo con capitales locales, mientras al mismo tiempo se pasean por el mundo buscando convencer a extraños de que en esta tierra de desigualdades y segregación existen todas las condiciones para el progreso.
Burdo Estado autoritario: ni siquiera cuenta con las condiciones intelectuales para elaborar, argumentar y sostener su oscuro plan de sometimiento. Sus agentes son pobres diablos que exponen la cara —o lo que les queda de ella— en cumplimiento de directivas nunca deliberadas. Se derrumban solos: unos protagonizando en la plenaria del Congreso actos teatrales de doméstica ignorancia; otros contradiciéndose, desdiciéndose y ofendiéndose, con rostros desfigurados, al enfrentar sus propias incoherencias.
Patéticos todos, patético este Estado que, utilizando toda la fuerza de sus instituciones coercitivas, se dedica a perseguir rivales corporativos poniendo en riesgo las condiciones de vida de miles de paraguayos. Burdo Estado autoritario que va ganando el desprecio popular como ninguno antes: se derrumba por sus propias pifiadas y desaciertos, por sus mentiras sostenidas y por la promesa disipada de que "vamos a estar mejor".
Burdo Estado autoritario que, en su proyecto mercantilista, instala el idilio ilusorio de un futuro mejor sobre las bases del clientelismo, la prebenda, el dinero público y la filosofía de la corrupción como modelo de prosperidad. Nada garantiza que, ante el uso sistemático y desmedido de la violencia en cualquiera de sus formas por parte del Estado contra sectores o individuos de nuestra sociedad, no surjan reacciones legítimas en defensa de nuestra dignidad y soberanía.
"Libre serás, mi patria amada, mientras estallen las voces en favor de la libertad, la igualdad y la honestidad".
