Salud cuestiona los amparos, la vía que miles de pacientes utilizan para salvar sus vidas
Las declaraciones de la ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, abrieron un nuevo frente de debate sobre el acceso a la salud en Paraguay. La secretaria de Estado aseguró que el elevado número de amparos judiciales "se transformó en un negocio" y advirtió que esa situación afecta el funcionamiento del Ministerio. Sin embargo, sus afirmaciones llegan en un contexto marcado por reiteradas denuncias de desabastecimiento de medicamentos, demoras en la provisión de tratamientos y pacientes que recurren a la Justicia porque aseguran no encontrar otra respuesta del sistema público.
"Hoy también tenemos el grave problema de la alta demanda de amparos. Es un derecho constitucional, pero el amparo debe ser la excepción, no la regla", expresó a la 10202 AM.
Barán afirmó que el Ministerio enfrenta entre 2.000 y 3.000 amparos por mes, una cifra que calificó de excesiva.
"Me arriesgaría a decir que hoy el amparo se transformó en un negocio. Tenemos un promedio de 2.000 a 3.000 amparos mensuales. A veces estos amparos ponen en riesgo el funcionamiento normal del Ministerio de Salud", sostuvo.
La ministra también cuestionó la indicación de medicamentos de alto costo por parte de algunos médicos y aseguró que existen profesionales que actúan sin criterios éticos al momento de prescribir determinados tratamientos.
No obstante, sus declaraciones omiten una realidad que desde hace años denuncian pacientes, familiares y organizaciones civiles: la mayoría de los amparos no surge de manera espontánea, sino como consecuencia de la falta de respuesta administrativa del propio sistema sanitario. En numerosos casos, las acciones judiciales buscan obtener medicamentos oncológicos, insumos, cirugías, estudios especializados o terapias que no son entregados dentro de los plazos que exige la condición clínica de los pacientes.
La judicialización de la salud se ha convertido en una práctica recurrente precisamente porque muchos ciudadanos sostienen que sin una orden judicial no logran acceder a prestaciones que forman parte del derecho constitucional a la salud y a la vida. Para personas con cáncer, enfermedades raras, patologías degenerativas o crónicas, esperar semanas o meses puede significar el agravamiento irreversible de su estado de salud.
Las expresiones de Barán tampoco estuvieron acompañadas de anuncios concretos para reducir las causas que impulsan el crecimiento de los amparos. La ministra cuestionó el mecanismo judicial y el volumen de demandas, pero no presentó un plan para disminuir el desabastecimiento, agilizar la compra de medicamentos de alto costo, fortalecer la atención especializada o evitar que los pacientes deban acudir a los tribunales.
El debate, por tanto, trasciende el número de expedientes que llegan a los juzgados. La discusión de fondo es por qué miles de paraguayos consideran que la Justicia ofrece una respuesta más rápida que el propio sistema de salud. Mientras esa realidad persista, los amparos seguirán siendo, para muchos pacientes, no un abuso del sistema, sino el último recurso para intentar preservar su salud y, en numerosos casos, su vida.