NacionalesSolución o promesa
El Gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley que promete transformar el sistema de transporte urbano, hoy obsoleto, caro e ineficiente. Este servicio lleva décadas siendo motivo de frustración diaria para la ciudadanía: largas esperas, frecuencias irregulares, buses en mal estado, tarifas altas y un modelo de gestión capturado por intereses empresariales. Ante este escenario crítico, el Gobierno de Santiago Peña presentó recientemente ante el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca reformar de manera integral el sistema, comenzando por el Área Metropolitana de Asunción.
La iniciativa fue presentada como una apuesta por la modernización, con promesas de eficiencia, sustentabilidad, control estatal y mejoras tecnológicas. Sin embargo, su aplicación efectiva dependerá no solo de la voluntad política, sino de romper con las prácticas históricas que mantuvieron secuestrado al sistema bajo una lógica de rentabilidad privada y escasa rendición de cuentas.
¿Qué propone el proyecto?
El plan contempla cambios estructurales en al menos cinco dimensiones:
Separación de contratos: Por primera vez, se plantea licitar por separado la provisión de buses y la operación del servicio. Esto significa que el Estado podrá adquirir la flota y luego adjudicar a operadores privados la prestación, rompiendo así el modelo tradicional de concesión dominado por grupos empresariales.
Creación de corredores troncales: Se proyecta organizar el transporte en ejes de alta demanda (como Transchaco, Mariscal López, Eusebio Ayala y Acceso Sur), con rutas alimentadoras conectadas. Cada corredor será licitado internacionalmente y funcionará con contratos específicos para flota y operación.
Fideicomiso con la AFD: Se centralizará la administración de los fondos del sistema, incluyendo subsidios, en un fideicomiso manejado por la Agencia Financiera de Desarrollo. Esto busca asegurar transparencia y trazabilidad en el uso de recursos públicos.
Integración tarifaria y control tecnológico: La propuesta incluye un sistema que permita el trasbordo entre líneas con un solo pago, además de incorporar centros de monitoreo en tiempo real y aplicaciones móviles para informar a los usuarios sobre horarios y frecuencias.
Participación femenina y enfoque inclusivo: Se prevé incentivar la incorporación de mujeres en la operación del sistema y abrir mecanismos de participación ciudadana, como un foro con voz y voto para usuarios.
La reforma llega tras demasiados años de abandono estatal. El actual sistema de transporte público urbano es uno de los menos eficientes de la región. El Estado subsidia a empresas privadas sin ejercer control efectivo, mientras que los usuarios, sobre todo la clase trabajadora, sufren cada día las consecuencias de un servicio que no responde a las necesidades básicas de movilidad.
Desafíos de la implementación
Aunque el Ejecutivo anunció que la reforma comenzaría a aplicarse en el segundo semestre de 2025, los desafíos son múltiples:
- Reacción del empresariado, históricamente reticente a perder poder en el negocio del transporte.
- Capacidad técnica y política del Estado para gestionar contratos separados, controlar flotas, monitorear indicadores de servicio y sancionar incumplimientos.
- Garantizar la transparencia del fideicomiso, un instrumento aún poco explorado en la gestión pública en nuestro país.
- Evitar que la nueva ley quede en papel, como ha sucedido con tantas otras iniciativas que nunca pasaron de la intención.
Además, hay que considerar la llegada de los 30 buses eléctricos donados por Taiwán, que serán parte de una flota estatal operada mediante licitación. Pero aún no se sabe cuántos de estos buses estarán realmente circulando ni si estarán integrados al sistema con criterios de eficiencia.
¿Por fin una buena o más de lo mismo?
El Gobierno insiste en que esta es la primera vez que se encara una reforma de tal magnitud, pero también es cierto que la ciudadanía ya escuchó anuncios similares en el pasado. Mientras los plazos se estiran y los detalles del plan no se transparentan, el sistema actual sigue funcionando mal, subsidiando a empresas que no cumplen y penalizando todos los días a los que menos tienen.
El desafío es enorme y la oportunidad única. La pregunta de fondo es si se puede transformar el transporte público paraguayo, pero también si el Estado será capaz de hacerlo con transparencia y sin volver a ceder ante los grupos empresariales que por años lucraron con el sufrimiento de los usuarios.
