NacionalesInforme de la OPS
En un continente marcado por las desigualdades y la ineficacia estructural, Paraguay se destaca —lamentablemente— no por sus avances en seguridad vial, sino por su alarmante letalidad en las rutas. Con 21 muertes por cada 100.000 habitantes en años recientes, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Statista, Paraguay supera por amplio margen la media latinoamericana de 14,1 y se posiciona entre los cinco países más peligrosos para transitar en toda la región.
El colapso anunciado
El informe "Salvar vidas promoviendo un enfoque de sistemas de tránsito seguros en las Américas", publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ofrece un diagnóstico devastador: Paraguay está al borde del colapso vial. A pesar de ser un país pequeño en población, el número de muertes y la tendencia ascendente de los siniestros de tránsito lo colocan en el centro de una tragedia anunciada.
Mientras países como Trinidad y Tobago, Cuba, Canadá o incluso Argentina han logrado reducciones sostenidas en sus tasas de mortalidad desde 2010, Paraguay no solo no ha mejorado significativamente, sino que apenas figura entre los que han mostrado descensos marginales. La reducción en la tasa de mortalidad entre 2010 y 2021 fue de entre 5% y 9%, lo cual es casi insignificante frente a la magnitud del problema.
El enemigo sobre dos ruedas
Uno de los puntos más críticos del informe es el papel de las motocicletas en la epidemia de muertes viales. Paraguay, como otros países de ingresos medios, ha experimentado una explosión del uso de motocicletas como medio de transporte económico. Pero esta expansión se ha dado sin un correlato en infraestructura, legislación y controles efectivos.
Según la OPS, el 27% de las muertes viales en las Américas corresponde a motociclistas, un patrón que también se replica en Paraguay. El crecimiento de la motorización en dos ruedas, sin políticas públicas que acompañen esta transformación, está cobrando vidas a un ritmo acelerado.
Un Estado ausente
El informe es categórico: la ausencia de políticas públicas integrales en Paraguay está matando gente. No existen auditorías sistemáticas sobre la seguridad de las rutas, las inversiones en infraestructura vial son mínimas y la fiscalización de las normas de tránsito es errática y superficial.
La adopción de tecnologías de seguridad vehicular como el ABS o el control de estabilidad (ESC) es prácticamente nula en el parque automotor paraguayo, algo que podría reducir drásticamente la mortalidad, como se ha demostrado en otras naciones.
Comparaciones que duelen
Haití (31,6) y República Dominicana (27,4) son los únicos países con tasas más altas que Paraguay. Sin embargo, esos países enfrentan crisis humanitarias, estructurales y desastres naturales frecuentes. En cambio, Paraguay tiene recursos y condiciones para implementar cambios, pero la inercia política y la falta de voluntad institucional han convertido a sus calles en cementerios al aire libre.
Mientras tanto, países con condiciones similares, como Argentina (8,8) y Chile (10,3), muestran que es posible reducir muertes con políticas coherentes, inversión sostenida en infraestructura y campañas de concienciación ciudadana.
Un llamado urgente
El tránsito paraguayo no es solo caótico: es letal y negligentemente ignorado. Con más de 1.000 muertos al año por causas absolutamente prevenibles, urge un cambio profundo y multisectorial. Esto implica reformar las leyes, fiscalizar con seriedad, renovar la infraestructura, mejorar la atención post-siniestro y —sobre todo— dejar de normalizar las muertes en la vía pública como meras cifras de un boletín policial.
La sangre que corre en las rutas paraguayas no es culpa del azar, sino consecuencia directa de la desidia estatal. La solución está a la vista, pero mientras el país siga mirando hacia otro lado, seguirá pagando con vidas una deuda que ya es impagable.
