El caso de la niña de 12 años hallada muerta en la compañía Isla Sakã del distrito de Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá, con signos de abuso sexual, sigue generando indignación y cuestionamientos a las autoridades del Ministerio Público. Grisel Dávalos, madre de la menor, exigió justicia y responsabilizó a un vecino que había sido denunciado por intento de abuso años atrás.
El hombre señalado por la mujer está detenido y a disposición de la Fiscalía. "Él ya había intentado abusar de ella hace tres años, le denuncié y se fue preso. Salió en mayo y nos mandó decir que se iba a vengar. Cumplió su amenaza", afirmó con dolor.
A la gravedad del hecho se suma una polémica por la actuación del agente fiscal interviniente, Carlos Ramírez, quien no habría solicitado la autopsia del cuerpo, una diligencia clave para esclarecer la causa exacta de la muerte.
Ante los cuestionamientos, el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, fue consultado por periodistas y reconoció que aún no cuenta con información completa sobre el caso. "Déjenme seguir la información, yo no me guío por rumores. Tengo que tener un control de línea, tengo un adjunto en la zona, recabar todo lo que sea información, y con propiedad después les transmito", respondió.
En una revisión preliminar, la médica forense María Cabrera diagnosticó que la menor falleció a causa de una asfixia por ahorcamiento. Sin embargo, la ausencia de una autopsia forense genera preocupación en la ciudadanía, que exige un proceso riguroso y transparente.
Rolón Fernández explicó que las autopsias se ordenan siguiendo los protocolos, cuando no existe claridad sobre la causa de muerte y siempre bajo recomendación del médico forense designado.
El Ministerio Público anunció que continuará recabando datos para determinar si hubo alguna omisión o negligencia por parte del fiscal Ramírez. En tanto, la comunidad de Isla Sakã permanece consternada y exige justicia por la pequeña víctima.

