Atendiendo a los últimos hechos de violencia que involucran a menores, así como los reiterados casos de abuso sexual en niños y adolescente, el ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez, pidió iniciar un debate alrededor de la figura de la prisión permanente revisable, ya utilizada en países como España.
Según explicó Gutiérrez, se trata de una figura legal que establece una pena máxima de entre 25 a 35 años de cárcel, pero una vez cumplida, se puede evaluar al condenado y determinar si la reinserción es posible. Caso contrario, la persona mantendrá su reclusión.
"Hay gente que no está en condiciones de vivir en nuestra sociedad y que son un peligro", reflexionó el ministro.
Con relación el caso de la niña de 12 años asesinada en Caazapá, señaló que "la información que manejamos es que este sujeto (Marcelo Giménez Duarte, principal sospechoso) estuvo privado de libertad por una tentativa de abuso hacia la misma niña. Vamos a evaluar cómo se desenvolvió ese proceso por parte de las autoridades jurisdiccionales y cuáles fueron los criterios para determinar el juzgamiento de esa persona", dijo en 1020 AM.
Viceministro
Por otro lado, el viceministro de la Niñez y la Adolescencia, Eduardo Escobar Said, expresó su profunda preocupación por las actuaciones del juez y el fiscal involucrados en el caso del crimen de una niña en Caazapá, "Este juez, este fiscal, obviamente, no están a la altura de lo que significa ser un juez y ser un fiscal", señaló el secretario de estado.
Desde el viceministerio se remitió una nota a la Corte Suprema de Justicia solicitando una auditoría de las decisiones tomadas por el juez que otorgó la libertad condicional a Marcelo Giménez Duarte y del fiscal que no se opuso a dicha medida.
Escobar Said afirmó que, de confirmarse irregularidades en el expediente, los antecedentes deberán ser elevados al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. "Es muy grave la consecuencia: el crimen de una niña", enfatizó, subrayando la magnitud del caso.
El viceministro sostuvo que tanto el juez como el fiscal no están a la altura de sus responsabilidades, cuestionando su desempeño en un caso de tal sensibilidad. La solicitud de auditoría busca esclarecer si hubo negligencia o errores en el proceso judicial que permitieron la liberación del acusado, lo que podría haber contribuido a la tragedia.

