El estado de la infraestructura escolar vuelve a instalarse en el debate público ante el inicio del ciclo lectivo 2026. Aunque el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) asegura que se están realizando intervenciones importantes, el panorama general muestra que el déficit histórico de aulas continúa siendo un desafío crítico para miles de comunidades educativas del país.
A lo largo de los últimos años, diversas instituciones y organizaciones han advertido sobre el deterioro de las escuelas, con techos que se derrumban, paredes agrietadas, filtraciones, mobiliario insuficiente y sanitarios en condiciones precarias. En departamentos como San Pedro, Caaguazú y Concepción, padres y docentes han denunciado reiteradamente que las clases inician con aulas improvisadas en capillas, comedores o incluso bajo árboles por falta de espacios seguros. El déficit estructural, estimado en miles de aulas a nivel país, sigue sin resolverse pese a inversiones que cada año no logran cubrir la demanda total.
Lo que dice el MEC y las limitaciones del sistema
En este escenario, el ministro de Educación, Luis Ramírez, defendió las acciones realizadas durante su administración, pero reconoció que la construcción de aulas aún presenta limitaciones por la dependencia de los gobiernos locales. "Todo de construcción de aulas está en manos de municipios. El año pasado, por primera vez en 15 años, hay un rubro de mantenimiento y reparación en el MEC. Hay un trabajo organizado con municipios, intendencias y gobernaciones. Más de 4.000 aulas hemos reparado. Hemos generado como 250 espacios absolutamente nuevos. Hay escuelitas que están con un número de alumnos que no nos permite tenerle en prioridad", señaló el ministro.
A pesar de estas cifras, especialistas en infraestructura educativa apuntan que el ritmo de intervención no logra acompasar el crecimiento demográfico en varias zonas del país, especialmente en áreas periurbanas, donde la matrícula aumenta año tras año y las aulas disponibles son insuficientes. Directores de escuelas advierten que incluso con reparaciones, muchos edificios escolares siguen sin cumplir estándares básicos de ventilación, seguridad estructural y accesibilidad.
Organizaciones civiles y gremios docentes insisten en que las soluciones deben ir más allá de reparaciones puntuales, con una política sostenida que implique actualización del catastro escolar, priorización por riesgo y un sistema de financiamiento previsible. La realidad actual, dicen, muestra que cada inicio de clases vuelve a exponer un ciclo repetido de urgencias, pedidos de auxilio y obras que no llegan a tiempo.
Faltan datos, planificación y recursos
A esto se suma la falta de planificación a largo plazo. Técnicos del sector educativo señalan que Paraguay carece de un mapa actualizado que permita anticipar dónde serán necesarias nuevas escuelas en los próximos cinco o diez años. Sin esta información, las soluciones suelen llegar tarde, y la presión por espacios recae en directores que deben dividir aulas, instalar contenedores o recurrir a estructuras provisorias que se convierten en permanentes.
El desafío también es financiero. Mientras las necesidades superan ampliamente los recursos disponibles, los procesos de licitación y ejecución suelen enfrentar demoras administrativas. En muchas comunidades, las obras se detienen o se retrasan por falta de desembolsos municipales o por fallas en la coordinación con gobernaciones. Esto provoca que, aun cuando se anuncian mejoras, estas no siempre se materializan en tiempo y forma para los estudiantes.
Mientras el MEC sostiene que las intervenciones seguirán durante el año, la comunidad educativa espera transformaciones más profundas. El debate sobre la infraestructura escolar, base material de cualquier sistema educativo, continúa abierto y exige decisiones de largo plazo para romper con décadas de precariedad.