Ciudadano peruano con múltiples denuncias por estafa, siempre consigue burlar a la cárcel
Hace unos días fue detenido nuevamente Rafael Eduardo González Thorne, un ciudadano peruano de 44 años con 7 órdenes de captura, tanto nacionales como también otras internacionales por estafa, siendo declarado en rebeldía.
Son muchas las empresas que siguen denunciando a este sujeto por estafa, mientras el mismo normalmente consigue burlar a la justicia paraguaya, mediante la presentación de una fianza por intermedio de un inmueble que está a nombre de su pareja, según los registros del Servicio Nacional de Catastro (SNC), de nombre Lahisa Xelene Martínez Garelik, donde se detalla que es la finca 246 del lote 12..
Este inmueble, que siempre presenta el ahora detenido Rafael Eduardo González Thorne y que ahora volvió a presentar como fianza el peruano, aparece a nombre de pareja recién desde el 2023 y no se descarta que sea fruto de las estafas que realizaba González Thorne
El oficial Luis Irarrázabal, del departamento de Investigaciones de Asunción, adelantó que siguen llegando las denuncias en contra de este sujeto, que estaría a días de salir nuevamente en libertad bajo fianza.
Malos antecedentes
Al revisar los antecedentes del peruano, ahora detenido en el Departamento de Investigaciones de Asunción, se observa que ya fue detenido por presentar documentación falsa al hacerse pasar como propietario de una empresa que opera en el rubro de ascensores, tanto en empresas públicas como privadas.
Lo llamativo es que González Thorne es propietario de Sertec SA y gerente general de Renfe SA. Esta última firma figura a nombre de la modelo Andrea Carolina Aranda Duarte (32), conocida artísticamente como Andy Duarte.
Rafael Eduardo González se presenta como esposo de Andy Duarte en las negociaciones, según actas de varios procesos licitatorios que se pueden ver en el portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Las publicaciones del año 2019 hacen referencia a que Renfe SA, en al menos cuatro ocasiones, presentó ofertas con facturas y otros documentos falsos, según se desprende de cuatro informes de evaluación de ofertas de diferentes entes públicos. Aun luego de conocerse las irregularidades, fue adjudicada con licitaciones en el Ministerio de Salud (G. 171 millones), DNCP (G. 80 millones), Universidad de Pilar (G. 30 millones), Registro Civil (G. 600 millones) y Hacienda (G. 198 millones), sin objeciones de la DNCP.