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Conmoción por supuesto abuso infantil y negligente actuar de autoridades educativas

Imagen ilustrativa

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En la jornada del viernes salió a la luz pública nacional el deleznable hecho del supuesto abuso sexual de un niño de tan solo 6 años de edad por parte de adolescentes en un colegio privado de la ciudad de Lambaré. El caso fue sumando agravantes cuando los padres de la víctima denunciaron la obstrucción al proceso de esclarecimiento del hecho por parte de las propias autoridades e incluso plantel docente de la institución.

La denuncia de la madre refiere que un niño de tan solo 6 años fue abusado sexualmente dentro del propio colegio donde asiste, por estudiantes de entre 14 y 15 años. La denuncia fue en todo momento minimizada por las autoridades académicas, según señalaron.

La directora había dicho en la mañana del viernes ante un grupo de padres que actuó conforme a la ley y que dio aviso del caso tal como indicaba el protocolo. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) confirmaron que el colegio en realidad no hizo la comunicación en tiempo y forma.

Luego de esta situación, el Ministerio Público ordenó la detención por obstrucción a la investigación de la directora de la institución educativa privada donde supuestamente ocurrió el hecho.

Imputación

Después de la detención, se procedió a imputar a la directora y a dos profesoras del colegio privado tras la denuncia del supuesto hecho de abuso sexual. La fiscala Myriam Rodríguez manifestó a medios de comunicación que las docentes son procesadas por obstrucción a la persecución penal y violación del deber de cuidado.

Las procesadas son la directora María Urbieta Villate, la docente y coordinadora Olga María Feltes Ochoa y la también docente, María Gabriela Santiviago Rivarola.

La agente fiscal señaló que este sábado serán convocadas para prestar declaración indagatoria, según informó la 730 AM.

Más temprano, la directora había llegado hasta la Fiscalía de Lambaré para ponerse a disposición y brindar su declaración testifical. Rodríguez confirmó que cuenta con todas las grabaciones de imágenes de circuito cerrado del día en que ocurrió lo denunciado, mediante un allanamiento a la institución.

No se actuó en forma, dice ministra de la Niñez

Por su parte, la ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez, reconoció que las autoridades del colegio no actuaron en forma y según exige el protocolo del MEC para este tipo de hechos.

La secretaria de Estado no solo criticó la falta de actuación sino también la obstrucción al proceso de investigación por parte de la directora y demás colaboradores involucrados.

“Ahora estas personas están imputadas y procesadas por haber obstruido el procedimiento. No aplicaron tampoco las guías diseñadas para defender a la víctima. Ellos inmediatamente tenían que comunicar al MEC y acompañar a los padres para denunciar el hecho ante la Fiscalía”, continuó.

Padres exigen cambio de autoridades

Un grupo de padres organizados que permanecen en vigilia frente a la entidad afectada, anunciaron que decidieron no enviar más a clases a sus hijos hasta que se genere un cambio de los responsables de la casa de estudios.

Como vocero en una de las manifestaciones para exigir justicia por el caso, un abogado, que también es padre de un alumno, refirió que es una “lástima que se tenga que recurrir a hacer un desastre” para que las instituciones como el Ministerio Público o el Ministerio de Educación brinden una respuesta o “reaccionen”.

Asimismo, el papá dijo que estos reemplazos deben darse “de inmediato” en el colegio para que los menores no pierdan más tiempo en su educación.

Colegio desmiente obstrucción

Por su parte, en la noche del viernes, desde la institución afectada emitieron un comunicado desmintiendo las acusaciones de supuestamente obstruir el proceso de investigación y proteger a los agresores. Los responsables del colegio señalaron que en todo momento actuaron conforme a los protocolos emanados del MEC para este tipo de sucesos y que velaron por la protección de la víctima de igual manera.

Señalaron que en ningún momento ocultaron información y que incluso entregaron todos los datos e imágenes del circuito de seguridad al Ministerio Público, con la finalidad de contribuir con el esclarecimiento del hecho.

Además, rechazaron las declaraciones de los padres de familia y de un abogado, de que supuestamente buscaron encubrir a los agresores, aclarando que todavía no se tiene identificada a ninguna de las personas que habrían tenido una cuota de responsabilidad en lo ocurrido.

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