Ucrania: ¿es posible votar en tiempos de guerra?

Hace cinco años, Volodímir Zelenski obtuvo un resultado electoral sin precedentes. Ahora, el debate está en cuándo terminará su mandato y si existe la posibilidad de celebrar elecciones en Ucrania bajo la ley marcial.

El mandato formal del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, termina el 20 de mayo. Las próximas elecciones presidenciales debían haberse celebrado a finales de marzo de 2024, pero por la ley marcial vigente en el país, el Parlamento todavía no las ha programado.

Ahora la sociedad ucraniana se pregunta quién debe gobernar el país tras cinco años de Zelenski en el poder.

¿Elecciones bajo la ley marcial?

La mayoría de los juristas ucranianos sostienen que está bastante claro que Zelenski conservará su poder hasta que se elija un nuevo presidente.

“Así lo establece claramente la Constitución de Ucrania: tras un periodo de cinco años a partir de la fecha de investidura, los poderes del presidente no terminan automáticamente. Solo terminan con la toma de posesión del nuevo presidente electo, es decir, solo después de las elecciones”, explica a DW Andrij Mahera, experto en derecho constitucional del Centro ucraniano de Política y Reforma Legal (CPLR, por sus siglas en inglés).

Actualmente, en Ucrania están prohibidas tanto las elecciones presidenciales como las parlamentarias, aunque por razones distintas. La Constitución prohíbe las elecciones parlamentarias, mientras que la ley marcial prohíbe todas las elecciones.

Demanda de dimisión voluntaria

Las elecciones bajo la ley marcial están prohibidas para proteger a los electores de un posible riesgo, un hecho que, a su vez, restringe otros derechos y libertades constitucionales, como el derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de libre circulación, recalca Mahera.

“Por tanto, es imposible garantizar el principio de sufragio universal y elecciones libres”, señala el experto.

En este debate también participan veteranos de la política ucraniana, como Hryhoriy Omelchenko, diputado que formó parte de la comisión que redactó la Constitución a mediados de los noventa.

Omelchenko subraya que no es un descuido, que no exista una regulación directa sobre la prórroga del mandato del presidente. Fue incluso una salvaguarda deliberada.

En marzo, en una carta abierta a Zelenski, publicada por el periódico ucraniano Ukrajina Moloda, se pide al mandatario que “no usurpe el poder del Estado”, y que dimita voluntariamente en mayo de 2024.

Zelenski aún goza de un gran apoyo

Para algunos analistas, la legitimidad de Zelenski no solo se basa en las leyes, sino también en el apoyo de los ciudadanos ucranianos, el cual sigue siendo bastante alto.

Una encuesta realizada en enero por el Centro de Investigación Razumkov de Ucrania reveló que el 69 por ciento de los ucranianos confía en el jefe del Estado, mientras que los que desconfían son menos de una cuarta parte.

Otra encuesta realizada a principios de febrero por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev (KIIS, por sus siglas en inglés) muestra que el 69 por ciento de los encuestados cree que Zelenski debe seguir siendo presidente hasta el final de la ley marcial. Solo el 15 por ciento está a favor de elecciones en las condiciones actuales, y otro 10 por ciento apoya la idea que el presidente ceda el poder a Ruslan Stefanchuk, presidente de la Rada Suprema o Parlamento.

Los dos últimos escenarios, no obstante, no son compartidos por Anton Hrushetsky, director general de KIIS.

“Millones de personas están en el extranjero, bajo ocupación, cientos de miles sirven en el Ejército. Si los ciudadanos no pueden participar en las elecciones como votantes o candidatos, se socavará la legitimidad de los resultados electorales”, indica Hrushetsky.

El Tribunal Constitucional como recurso

La mayoría de los juristas entrevistados por DW creen que el Tribunal Constitucional debe poner fin al debate. “Solo el Tribunal Constitucional puede interpretar la Constitución y comprobar si otras leyes se ajustan a ella”, subraya Andrij Mahera.

Pero no cualquiera puede recurrir a este órgano. Solo el presidente, el Gobierno, el Tribunal Supremo, un grupo de 45 diputados o el Comisario de Derechos Humanos del Parlamento. Y ninguno de ellos lo ha hecho hasta la fecha.

Por otro lado, representantes de varias fuerzas políticas -también de la oposición- han declarado que no tienen intención de recurrir al Tribunal Constitucional y recuerdan el acuerdo entre partidos de no celebrar elecciones hasta el fin de la ley marcial.

Fuente: DW.