Todos contra todos

El lawfare es el uso de procesos legales para paralizar, inhabilitar, destituir o simplemente desprestigiar a actores políticos que se consideren una amenaza al sector que defiende el statu quo o se halle en competencia por lograr el poder. La palabra combina los términos law (ley, derecho) y warfare (guerra, conflicto), y se traduce del inglés como “guerra jurídica”. Consiste en la utilización del sistema judicial de un país con fines políticos, acción contraria al sistema republicano que sustenta la gestión del gobierno nacional en la separación, equilibrio e independencia de poderes; subordinando la conducta de gobernantes y gobernados a los principios del Estado de derecho. En definitiva, el lawfare se resume como una perversa arma política que busca torcer una situación -cuando no un resultado- que de otra manera seguiría un curso diferente al que pretenden quienes echan mano a dicha táctica política. Entre las acciones habituales están la manipulación del sistema legal para abrir procesos sin pruebas, influir y sembrar confusión en la opinión pública o bloquear los intentos de los implicados para recurrir las acusaciones y defender sus derechos, la generación de causas penales sustentadas en hechos inexistentes y supuestos testigos -que perjuran- contratados para dar un marco de sensacionalismo y desprestigio al objetivo.

El punto de inflexión de esta táctica política -de ultima ratio- en la lucha por el poder, se da cuando el mismo sistema judicial se halla cooptado por sectores políticos que distorsionan la finalidad del mismo; la búsqueda de la justicia es relegada a una impartición de justicia selectiva, manipulada, distante de la virtud y los principios constitucionales que rigen todo sistema judicial. En las últimas dos décadas hemos presenciado una expansión del uso -y abuso-  del lawfare como instrumento de lucha política, es decir, como arma que algunos actores políticos utilizan para conseguir, a menudo de forma ilegítima, objetivos que no han podido conquistar políticamente. El mal uso de esta herramienta política se ha intensificado, teniendo a países de América Latina, ampliándose actualmente al parecer a los mismos Estados Unidos de América.

Las nuevas autoridades en el Paraguay, que asumirán el  Gobierno en menos de diez días, iniciarán su gestión en el marco de una gran crisis de confianza por parte de la ciudadanía, con el divorcio de la política y la sociedad, la población con la percepción de estar mal representada por una elite política que no termina de madurar y menos de asumir la responsabilidad de cumplir las promesas electorales y el ideario de los partidos y movimientos políticos que representan.

Los partidos políticos se hallan en profundas crisis, agonizan, por no decir que se hallan técnicamente muertos, con lo que la democracia se ha deteriorado, se agota y terminará mutando a otro sistema político, dejándonos en la incertidumbre y penumbra. ¿Quo vadis, República del Paraguay? La tentación estará latente y muy próxima a utilizar las sentencias, corrompiendo el sistema judicial para lograr imponer sus objetivos, atropellando todo a su paso, perdiendo toda legitimidad en el uso del poder para fines altruistas; pasará a ser utilizado de forma egoísta y perversa y sirviendo de garrote de persecución de ocasionales adversarios como también el establecimiento de proyectos de gobierno que carezcan de aprobación social.

Esperemos estar equivocados en nuestra percepción de la actual situación política nacional, ya que solo contribuiría al debilitamiento de las instituciones nacionales, a continuar con partidos políticos que se manejan como si no tuvieran reglas ni veedores, recurriendo a  financiamiento de fuentes no declaradas y, menos, permitidas. La mala calidad de la representación política sólo sirve a grupos que permanecen en las sombras normalmente, es tiempo que los gobiernos cumplan lo que los candidatos presentaron como agenda a cumplir y que las carteras de gobiernos estén ocupadas por los mejores hijos de nuestra patria.