EconomíaComunicado
El pronunciamiento se da luego de que ambos bancos responsabilizaran a "acciones injustificables" de ITTI y a decisiones judiciales por el colapso del proceso de integración.
Según ITTI, el conflicto no se originó por disputas comerciales menores, sino por una presunta violación de propiedad intelectual cometida por Atlas al intentar incorporar dentro de su patrimonio el software ITGF, que constituye —según la firma— el corazón operativo del banco y un activo cuya protección es esencial para cualquier sistema financiero moderno. La empresa sostiene que inició acciones arbitrales, penales y civiles para frenar lo que califica como un uso abusivo y contrario a los permisos otorgados, y que esas intervenciones motivaron las medidas judiciales que trabaron el avance de la fusión.
La compañía también contradijo a los bancos sobre quién detuvo realmente el proceso. Afirmó que no fueron los jueces quienes paralizaron la operación, sino el propio Atlas al intentar apropiarse de un software que no le pertenece. Aseguró que la orden judicial del juez Juan Francisco Blanco Bogado fue estrictamente técnica: impedir que Atlas continúe usando ITGF dentro de una nueva estructura societaria sin autorización del propietario. "Eso no es corrupción, es aplicar la ley", señala el comunicado.
En otro tramo, ITTI defendió la actuación del Poder Judicial, acusando a ABC Color de impulsar una campaña de desinformación basada en insinuaciones de "acoso", "celeridad sospechosa" o "connivencia". Según la firma, los jueces actuaron con equilibrio y limitaron sus decisiones a mantener el statu quo, evitando que alguna de las partes obtuviera ventajas irreversibles antes de resolver el fondo del litigio. Calificó de contradictorio que se cuestione la calidad judicial en un país donde la ciudadanía reclama justamente celeridad y cumplimiento de la ley.
ITTI también apuntó contra lo que considera una "incoherencia" del discurso mediático sobre propiedad privada, señalando que resulta preocupante que un medio defienda ese principio únicamente cuando favorece a su grupo económico. Afirmó que el activo tecnológico en disputa no pertenece ni a Atlas ni a sectores vinculados a la cobertura periodística, y que la apropiación de tecnología por fuera de los marcos legales es un riesgo para cualquier país que busque desarrollar capacidades estratégicas en el ámbito digital.
Finalmente, la empresa aseguró que desde el inicio buscó el diálogo y la conciliación, mientras —según su versión— Atlas optó por la confrontación legal. Sostuvo que el caso trasciende lo comercial y representa un dilema de fondo sobre el Paraguay que se desea construir: uno que proteja la propiedad intelectual y fomente la innovación, o uno donde, a su criterio, predominen prácticas que presionan para apropiarse de creaciones ajenas.
Con esta respuesta pública, el conflicto entra en una fase aún más tensa, mientras el proceso de fusión queda definitivamente enterrado y las repercusiones se trasladan al ámbito judicial, regulatorio y mediático. El caso seguirá generando impacto en el sistema financiero, en el debate sobre seguridad jurídica y en la discusión acerca del desarrollo tecnológico en Paraguay.
