Hacienda y su batalla por blindar dinero público para fines políticos
El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de ley que busca ajustar cinturones con dinero público en años electorales, especialmente a todo lo relacionado con gastos rígidos del Gobierno. Queda por ver si los legisladores acompañarán la propuesta, visto que hay millones de intereses de por medio.
En una conversación previa con El Nacional, el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas deslindó responsabilidades respecto a las polémicas gratificaciones que percibieron los propios funcionarios del Tesoro en concepto de ayuda familiar de hasta G. 10 millones incluso, recordando que el Congreso aprobó esta y otras gratificaciones para el sector público con la aprobación del PGN 2022.
"Hay que hacer reformas estructurales", reconoció Llamosas al ser consultado por el rosario de privilegios estatales arropados de gratificaciones y bonificaciones; esto en el marco del 70° aniversario del Banco Central, ocasión en que fue abordado sobre el tema.
El sector privado tampoco ve con buenos ojos el despilfarro de dinero público. Yan Esperanza, del Club de Ejecutivos, criticó la media sanción de aumento salarial de hasta 70 % para actuarios judiciales resuelto semanas atrás en el Congreso. "Esto muestra que el Gobierno es débil y puede abrir la canilla", agregó al respecto
Vale recordar que el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, se había comprometido a impulsar el proyecto de reforma de la función pública. De esto pasaron casi dos años y no hubo avances. Es más, hoy día presumiblemente utiliza recursos públicos en su campaña rumbo a la presidencia.
Por el lado del Congreso, cada año se repite la historia: los legisladores prometen suprimir privilegios estatales en la previa al tratamiento del Presupuesto General de la Nación, pero terminan incluyendo otros conceptos.
La propuesta del Ejecutivo presentada ayer apunta a lograr un amplio consenso entre los tres Poderes del Estado, a los efectos de blindar las finanzas públicas en épocas electorales, en las cuales muchas veces el proceso de análisis y viabilidad técnica de iniciativas que tienen impacto sobre las finanzas públicas se ve de alguna manera comprometido con el proceso electoral, pudiendo generar impactos muy nocivos sobre la estabilidad financiera y económica.
Los periodos electorales estarán comprendidos entre el ejercicio fiscal anterior al año en que se realicen las elecciones nacionales y el primer trimestre del ejercicio fiscal en el que efectúen. Hoy alrededor del 70 % de los ingresos del Estado son destinados a gastos rígidos, no quedando otra opción que acudir a deudas para inversiones que mejoren la calidad de vida de la población.
Salarios
Entre otras cosas, el documento consigna que los proyectos de leyes que impliquen aumentos salariales o incremento de otros gastos corrientes o de capital, y los proyectos que afecten al sistema tributario, quedarán suspendidos para su tratamiento legislativo y postergados hasta que culmine la época electoral respectiva.
Es importante aclarar que esta propuesta de ley, en caso de ser aprobada, no afectará a aquellos ajustes salariales o el desarrollo de las carrereas profesionales dentro del sector público que están contemplados en leyes o normativas vigentes con anterioridad a esta ley, como así tampoco a los incrementos que están previstos en la Ley de Presupuesto vigente.
Finalmente, para el Ministerio de Hacienda esta propuesta es muy significativa, como complemento a la Ley de Responsabilidad Fiscal, teniendo en cuenta las experiencias de procesos electorales anteriores en los cuales fueron aprobadas iniciativas de incrementos de gastos sin los sustentos técnicos respectivos, que terminaron menoscabando la estabilidad macroeconómica, más aún en los tiempos actuales en los cuales la economía se está recuperando gradualmente luego del impacto de la pandemia y los conflictos internacionales que estamos sufriendo.