EconomíaPlan del MOPC
El Gobierno decidió avanzar con una herramienta poco utilizada en la gestión pública local para enfrentar uno de sus frentes más sensibles: la deuda con las empresas constructoras. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) propuso implementar un esquema de factoraje con garantía estatal para regularizar pagos y evitar que el atraso financiero termine paralizando obras clave.
La estrategia apunta a resolver un problema que se volvió estructural. Según datos oficiales, la deuda con contratistas ronda los USD 268 millones, aunque el sector privado la estima por encima de los USD 350 millones si se incluyen intereses acumulados. Esta brecha no es menor: refleja tensiones entre el Estado y uno de los motores de la inversión interna.
El mecanismo propuesto consiste en que las empresas cedan sus certificados de obra a entidades financieras, obteniendo liquidez inmediata, mientras el Estado asume el compromiso de pago diferido. "Es un sistema diseñado para dar previsibilidad y sostener el ritmo de ejecución", explicó la ministra Claudia Centurión.
En términos concretos, el plan contempla movilizar unos USD 150 millones mediante este esquema, respaldado por garantía soberana a través del Ministerio de Economía y Finanzas. A esto se suma la posibilidad de emitir bonos para cubrir cerca de USD 80 millones en intereses acumulados de periodos anteriores, lo que requerirá aval legislativo.
El trasfondo es claramente fiscal. En un contexto de menor dinamismo en los ingresos y mayor presión sobre el gasto, el Ejecutivo busca evitar desembolsos directos que comprometan el equilibrio de las cuentas públicas. El factoraje, en este sentido, funciona como un puente financiero: traslada el costo inmediato al sistema bancario y difiere el impacto sobre el Tesoro.
Sin embargo, la medida no está exenta de riesgos. Aunque permite "oxigenar" al sector en el corto plazo, implica asumir costos financieros adicionales que finalmente recaerán sobre el Estado. Además, no resuelve el problema de fondo: la recurrencia de atrasos en los pagos de obra pública.
Desde el sector vial advierten que la falta de liquidez ya genera efectos en cadena, especialmente en empresas medianas y pequeñas, que dependen del flujo constante de pagos para sostener operaciones. En algunos casos, incluso, el retraso obligó a recurrir a financiamiento de alto costo para evitar la paralización de proyectos.
El desafío es doble. Por un lado, saldar la deuda acumulada sin desbordar el marco fiscal. Por otro, evitar que el problema se reproduzca en el corto plazo. El propio MOPC reconoce que el objetivo es "gastar lo que se tiene" y prevenir una nueva acumulación de pasivos, en línea con la política de ajuste que empieza a marcar la gestión económica.
En paralelo, el Gobierno apuesta a sostener el nivel de inversión en infraestructura, considerado clave para el crecimiento económico. Más del 70% de los proyectos ya cuentan con financiamiento externo o esquemas mixtos, lo que reduce la presión directa sobre los recursos locales.
