Población debe pagar factura de USD 80 millones por seguros VIP para estatales

El presupuesto público para este año prevé al menos USD 80 millones para cubrir seguros médicos para funcionarios públicos de los tres poderes del Estado; si se suman los subsidios que se otorgan para que los estatales no tengan que sufrir en las filas  del sistema de salud público, la cifra supera los USD 100 millones. Con ese dinero se pueden construir tres hospitales de alta complejidad por año ya en gran parte equipados.

El privilegio pagado con impuestos de la población es cuestionado hace años, pero a la hora de la verdad, cuando se trata el Presupuesto General de la Nación, los tres poderes del Estado se ponen de acuerdo y hacen la vista gorda para frenar los proyectos que buscan cerrar esta canilla; todo de modo a mantener la dinámica del clientelismo político, copado en gran parte por el partido de Gobierno.

Durante el trascurso del año pasado y en los últimos días saltaron a la luz pública millonarios procesos licitatorios en este sentido, como el de USD 12 millones para los empleados de Obras Públicas justamente en medio del colapso del sistema sanitario público, que arrastra deficiencia por falta de inversión y gestión desde hace décadas, fragilidad del sistema que quedó más que expuesta con la pandemia.

La licitación se da en el momento menos oportuno, en términos políticos, y demuestra que poco y nada les importa la salud del pueblo; resulta una verdadera bofetada que en la actual crisis sanitaria, los administradores del bien público prioricen la salud de los suyos, mientras la población se debate entre la vida y la muerte por falta infraestructura y medicamentos.

El senador Jorge Querey fue uno de los que presentó un proyecto de paulatina eliminación de seguros VIP para estatales, proyecto de ley que duerme el sueño de los inocentes en el Parlamento. Desde el Ejecutivo tampoco hay intenciones de cortar lazos de negocios con los sanatorios privados que prestan el servicio.

Promed, Asismed, La Costa, Santa Clara son algunas de las empresas adjudicadas en los últimos años; la mayoría con buenas conexiones políticas.

A IPS

Básicamente el proyecto propone que el Estado se ponga al día con su deuda histórica de más de USD 500 millones que arrastra con el Instituto de Previsión Social (IPS) de modo a que se invierta en nuevos complejos hospitalarios que puedan absorber la atención médica de los estales; en las actualidad, sin nuevos hospitales,  esto sería inviable dado a que el sistema de salud de la previsional también se encuentra al borde del colapso.

“La mayor parte de la población debe recibir la asistencia de salud en hospitales públicos en pésimas condiciones y con carencias de médicos, medicamentos, ambulancias, salas, insumos”, cuestionó en su momento el legislador.

Quiero dejarles información sobre el proyecto de Ley que impulsamos, el cual busca eliminar los seguros privados de salud en la función pública e iniciar la migración gradual al seguro del IPS.
Ampliando la cobertura de salud p/ todos los funcionarios y reduciendo inequidades pic.twitter.com/hi2Pz8tUgs

— Dr. Jorge Querey 🔻 (@jorgequerey) June 5, 2020

El propio gabinete de la Presidencia de la República, que debería ser el buque insignia de la austeridad, llamó también a licitación de seguro privado para los suyos; ministros y la mayoría de los legisladores, al igual que la Corte, defienden el privilegio.