El Estado en la retaguardia de la crisis ambiental y sin plan de contingencia

La catástrofe ambiental vivida en el país con los incontrolables incendios y los focos de intenso calor, cobró repercusión internacional con el tuit de la joven sueca Greta Thunberg, ícono mundial contra el cambio climático.

En los últimos días, Thunberg venía alertando en sus redes sobre los incendios forestales que arrasaron con cientos de miles de hectáreas de bosques en la región, especialmente en la Amazonia brasileña, considerada el pulmón del planeta.

Este lunes, la joven sueca le dedicó uno de sus posteos a la situación en Paraguay, informando de la emergencia nacional declarada por el Congreso, y compartiendo un video subido por la usuaria @lovelyjbeom, que ilustra cabalmente la catástrofe vivida en el país.

Paraguay announces state of emergency to fight hundreds of fire outbreaks, spurred by record temperatures https://t.co/HCyteDCR5n

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 5, 2020

En la retaguardia

El drama de los incendios, que afectaron en su conjunto miles de hectáreas y tuvieron como héroes a compañías enteras de bomberos voluntarios, hombres y mujeres que tras agotadoras jornadas se derrumbaban exhaustos, como testimonian múltiples imágenes; mostró una vez más la incapacidad del Estado paraguayo para hacer frente a emergencias de gran magnitud.

Otra vez, comunidades fogueadas en la acción colectiva y el sacrificio sobrehumano de quienes integran los cuerpos de bomberos, desfinanciados, mal equipados, con mangueras agujereadas, botas rotas, vehículos en el límite de su vida útil, reemplazaron al Estado, ganado ampliamente por la inercia.

Prueba de ello, acaso es el pedido que hizo el presidente Mario Abdo Benítez a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para un plan de prevención de los incendios forestales, recién cuando la crisis había sido superada al margen de la intervención estatal.

Abdo se reunió este lunes con el ministro de la SEN Joaquín Roa y el presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), Rubén Valdez, con quienes abordó la temática y el estado de la situación.

Roa fue el encargado de dar a conocer lo tratado en el encuentro. “El presidente de la República recomendó a la Secretaria trabajar en un plan de inversión para los próximos 5 años o 10 años, en contexto de incendios forestales, y es un plan que lo vamos a trabajar con todos los actores sociales, principalmente, con el cuerpo de bomberos a efectos de tener un diseño que cumpla con los requisitos operacionales”, explicó.

Si bien, el plan reviste sensatez, el encargo presidencial vuelve a colocar al Ejecutivo en la retaguardia. El jueves pasado, mientras el Congreso declaraba la emergencia por 90 días, el gobierno se declaraba incapaz de controlar la situación. Lo anunció el ministro del Interior Euclides Acevedo, y de modo literal. Habló de conseguir urgente ayuda internacional, de aviones hidrantes chilenos y brasileños; pero tal asistencia jamás se concretó, y en cambio se informó de cuatro hidrantes de la DINAC listos para entrar en acción.

A la par, en twitter se hacía tendencia el clamor por la renuncia del ministro del Ambiente Ariel Oviedo, tema que tomó estado parlamentario al día siguiente, pero que no pasó de ahí, al menos por el momento.

La crisis tuvo su pico el fin de semana, cuando la abrasadora ola de calor alcanzó un máximo de más de 12.200 focos. El fuego devoró miles de hectáreas de bosques en el Chaco; otras tantas en la Región Oriental, e inclusive afectó reservas naturales, como Cerro Koi en Areguá, y alcanzó poblaciones urbanas, destruyendo muchas viviendas.

La situación está momentáneamente bajo control. El cambio del clima y los vientos ayudaron también con lo suyo. Ayer, había todavía unos 500 focos encendidos en Presidente Hayes, Ñeembucú y Boquerón.

El horno de Cateura

La situación en Cateura resulta emblemática porque en cierto modo describe el modus operandi de la gran mayoría de los siniestros registrados en el país, ya que los incendios en el vertedero, que hicieron irrespirablemente tóxico el aire de Asunción y municipios vecinos, fueron provocados sin que hasta ahora la Fiscalía de Delitos Ambientales, que se constituyó en el lugar el fin de semana, haya podido dar con ningún responsable.

A nivel país, prácticamente, tampoco se imputó a nadie, a pesar que el MADES había detectado por lo menos unos 400 incendios provocados.

En Cateura el tema adquiere ribetes mafiosos, incluso con intercambio de disparos como el que se denunció la noche del domingo cuando, al parecer, dos hombres intentaban encender fuego otra vez en el lugar.

El vertedero es propiedad de EMPO S.A., una empresa a la que el mismo MADES y la Municipalidad de Asunción le han detectado manejos irregulares y al margen de varias leyes ambientales vigentes, como la Ley N° 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, y la Ley N° 3956/09 de “Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del Paraguay”.

Incluso, los fiscalizadores constataron que EMPO tiene en operación el Módulo 4 a más altura de lo que establece la Resolución N° 203/2020, de 82 metros sobre el nivel del mar. EMPO tampoco tiene medidas de mitigación para la emisión de gases, olores, lixiviado, proliferación de vectores y, mucho menos, prevención de incendios.

Cateura tiene fecha de vencimiento: 31 de mayo de 2022, y quizás esto guarde alguna relación con que el lugar se haya convertido en un polvorín. El 1 de junio de 2022, se convertirá en centro de transferencia de lo que no sea utilizado por los recicladores.

Candente frente político

El desastre ambiental se traslada al frente político con la controversia instalada en relación con el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que busca garantizar a la sociedad el acceso a la información ambiental, promover la participación de todas las personas en las decisiones que afectan su vida y su entorno, y asegurar el acceso a la justicia en asuntos ambientales, es decir cuando no se cumplan estos derechos.

El acuerdo, suscrito por Paraguay junto a otros 20 países de la región en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, necesita la ratificación parlamentaria de 11 de sus signatarios para entrar en vigencia. Hasta ahora, lo han ratificado 10 de estos países, por lo que está, prácticamente, a un paso de ser una realidad.

Su ratificación en el Congreso paraguayo, sin embargo, aparece muy difícil, dado que se descuenta el rechazo por parte de las bancadas coloradas y sus aliados, luego que el Ejecutivo retirara el proyecto del Senado, allanándose a las críticas surgidas de parte de los gremios agroganaderos y las iglesias Católica y pentecostales, que lo ven como un Caballo de Troya de lo relacionado con el género y el matrimonio igualitario, dos cuestiones que por otra parte no figuran en ningún tramo del texto.

Por lo pronto, el Tratado cuenta ya con el rechazo del ministro de Agricultura y Ganadería, Santiago Bertoni, quien hizo pública su disconformidad en una carta enviada al canciller Antonio Rivas Palacios, alertando sobre el impacto que su aplicación tendría para el agronegocio y la ganadería.

La oposición parlamentaria se dispone a solicitar al Ejecutivo que regrese el texto del Acuerdo para su tratamiento en plenario, algo que ninguno de los opositores cree que pueda suceder. El liberal Víctor Ríos, por ejemplo, decía ayer a El Nacional que veía “muy difícil” la ratificación del Acuerdo en el Congreso paraguayo.

El tratado es el primero en el mundo que incluye disposiciones para proteger a los activistas medioambientales, para que puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridades.